El Gobierno aprueba la ley de solvencia para evitar nuevas crisis financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de la denominada "ley de solvencia", que ahora se enviará a las Cortes para su tramitación por la vía de urgencia, y que entre sus objetivos busca que las entidades financieras estén mejor preparadas para afrontar futuras crisis.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro que el proyecto de ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades de crédito es una norma que refuerza el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia de regulación prudencial.

La normativa española incorpora los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis financiera de 2008 y con carácter preventivo, ha destacado la vicepresidenta.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha insistido en que se trata de un único texto que recoge toda la normativa de solvencia aplicable.

De Guindos ha recordado que los requisitos de solvencia de la normativa internacional conocida como Basilea III se transformaron a mediados del año pasado en normativa armonizada de la Unión Europea mediante un reglamento y una directiva, que hoy se trasladan plenamente a la normativa española.

El proyecto de ley se divide en tres bloques y el primero de ellos aborda el régimen jurídico de las entidades en el que se incluyen los requisitos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo.

El segundo se dedica a la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como el régimen sancionador, mientras que el último modifica la Ley de Mercados de Valores para adaptarla a la norma europea, así se adecúa el régimen de las preferentes, se adapta la regulación de los conglomerados financieros y se modifica la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía.

El ministro de Economía ha desglosado cada uno de estos bloques y ha recordado que una entidad de crédito dejará de serlo si no puede captar depósitos, aunque habrá un periodo transitorio en el que mantendrá esa condición hasta que se apruebe un régimen singular para esta actividad.

En materia de gobierno corporativo y remuneraciones, De Guindos ha destacado que ahora se imponen límites al número de consejos en los que puede participar una misma persona, dos si cuenta con funciones ejecutivas y hasta cuatro si no las tiene.

Además, se prohíbe que una misma persona pueda ocupar el cargo de presidente del consejo de administración y de consejero delegado, salvo autorización excepcional del Banco de España.

La norma también limita el sueldo variable, que deberá estar sometido a "cláusulas malus", al 100 % del fijo, a no ser que los accionistas autoricen un máximo del 200 %. Eso no quita para que las entidades estén obligadas a tener un comité de remuneraciones.

En el segundo bloque, se fija por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar al menos una vez al año un programa supervisor que recoja las actuaciones que va a tomar y que incluirá la elaboración de un test de estrés.

En cuanto a la solvencia, la novedad son los colchones de capital que los supervisores pueden exigir por encima de los requisitos mínimos europeos y que obligarán a las entidades a atesorar más capital.

Habrá cinco colchones de capital, uno para conservar el capital y asumir pérdidas inesperadas, que se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y será del 2,5 % en 2019; otro anticíclico específico, que será también del 2,5 % desde enero de 2016; un tercero y un cuarto para entidades de importancia sistémica mundial o regional, entre 1 % y el 3,5 %; y un quinto contra riesgos que puede llegar al 5%.

Estos colchones suponen un complemento al mínimo del 4,5 % de capital y reservas (common equity tier 1) frente a activos ponderados por riesgos a partir de 2015.

En el último bloque, lo más destacable es el cambio en la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, que estará integrada por 11 miembros, un representante del Ministerio de Economía, uno del de Hacienda, cuatro del Banco de España y cinco por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas (tres de bancos, uno de cajas y uno de cooperativas). La presidencia la mantendrá el subgobernador.