El PSOE vota en contra de la demandada ley de transparencia

El pleno del Congreso ha aprobado hoy la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero el PSOE se empeñó antes del verano en vincular su desmarque de la ley de transparencia a la falta de explicaciones de Mariano Rajoy sobre el «caso Bárcenas», y ha mantenido su cerrazón hasta el final. Ayer se ratificó en su «no» al dictamen aprobado por el pleno antes de que éste fuera remitido al Senado. Y la decisión no se tomó hasta el final, ya que cuando sus diputados llegaron a las nueve de la mañana al pleno aún desconocían cuál era la decisión política de la dirección. Por contra, el PP logró el respaldo de los nacionalistas (PNV, CiU, CC, UPN y Foro Asturias) mientras que IU-ICV, UPyD y gran parte del Mixto optaron por la misma posición que los socialistas. La ley, que el Gobierno remitió al Congreso en septiembre de 2012, se envía pues a la Cámara Alta un año después. Se espera que esté definitivamente aprobada antes de enero, si bien los artículos sobre el buen gobierno entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el BOE. Los capítulos sobre la transparencia de las administraciones públicas y determinadas instituciones y entidades privadas tardarán un año más en estar vigentes. Doce meses de carencia fijados para que todos los que tienen que someterse a la norma puedan reunir y preparar para su publicación la información que habrán de hacer pública y para poner en marcha el denominado Portal de la Transparencia, que creará la Administración General del Estado.

El ponente del PSOE, José Enrique Serrano, justificó su rechazo, además de por parte del contenido, por el empeño del PP en vetar las peticiones de la oposición para que el presidente del Gobierno dé cuenta en la Cámara del «caso Bárcenas», una posición que Esteban González Pons, del Grupo Popular, achacó a la «frustración» de algún miembro de la bancada socialista y a la «incapacidad parlamentaria» del primer partido de la oposición. Aún diría más: que el PSOE «prefiere que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario», que comete un «error histórico» y que se sitúa en la «oscuridad». Mientras que PP, CiU y CC coincidieron en que la norma servirá para evitar casos de corrupción, las minorías la calificaron de «paripé». Y eso que ha incorporado durante la tramitación 90 enmiendas, entre ellas una impulsada por vascos y catalanes para que quedara claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la Administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún caso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno. Una vez que la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Ejecutivo. Dicho de otro modo: se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de ocupar la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él.

Durante el trabajo en ponencia también se amplió el ámbito deaplicación de la ley, a la que estarán sometidos, entre otros, la Casa del Rey, el Banco de España, partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y las mutuas laborales. También las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 50 por ciento por fondos públicos –como la Iglesia–y las que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas o subvenciones.

Sin embargo, la mayoría de la oposición considera «desmesurados» los límites al acceso a la información, entre ellos, el de la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la política económica y monetaria o la protección del medio ambiente.