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El «sí es sí» de Sánchez: las cesiones al independentismo del presidente

Ha permitido la reapertura de «embajadas catalanas» y facilitado el traslado de los presos a Cataluña pese a la firmeza que ahora esgrime.

  • Pedro Sánchez, ayer en la inauguración de la Oficina de la Atención al Deportista en Madrid. Foto: Cipriano Pastrano
    Pedro Sánchez, ayer en la inauguración de la Oficina de la Atención al Deportista en Madrid. Foto: Cipriano Pastrano
Barcelona.

Tiempo de lectura 4 min.

15 de abril de 2019. 15:21h

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Cristina Rubio.  Barcelona. 9/4/2019

Pedro Sánchez ha versionado su lema más famoso –el «no es no» al PP de Mariano Rajoy, que le llevó en volandas a ganar las primarias socialistas frente a Susana Díaz– y lo ha convertido en un «no es no» al independentismo. Un recurso para tratar de frenar la sangría abierta por el líder del PSC, Miquel Iceta, cuando dijo en el diario «Berria» que «si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla». Sin embargo, y pese a la contundencia oratoria del presidente del Gobierno, son varias las concesiones que el PSOE ha hecho al independentismo tras lograr su apoyo para la moción de cesura y llegar a La Moncloa de la mano del PDeCAT y ERC.

Un «sí es sí» que incluye la reapertura de «embajadas catalanas», el traslado de los presos a las cárceles catalanas, el documento de Pedralbes o unos presupuestos (fallidos) que incluían una cuantiosa partida para Cataluña de 2.200 millones y un extra de 1.500 millones más en infraestructuras e inversiones pendientes.

Uno de los primeros «gestos de normalización» que el PSOE llevó a cabo con el independentismo nada más pisar La Moncloa fue levantar el control financiero de la Generalitat ligado a la aplicación del artículo 155. Es decir, el Ejecutivo dio instrucciones a los bancos para que el Govern pudiera abordar los pagos que le correspondían sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda.

Una segunda concesión ligada a los efectos del artículo 155 ha sido permitir la reapertura de las llamadas «embajadas catalanas» por parte del Gobierno de Quim Torra después del cierre del Diplocat, una especie de «red de diplomacia» en el extranjero que el Ejecutivo de Artur Mas puso en marcha y elevó a categoría de «estructura de Estado». En total, la Generalitat ha rehabilitado varias sedes en el extranjero –entre ellas, Reino Unido e Irlanda, Francia y Estados Unidos– frente a la oposición del ministro de Exteriores, Josep Borrell, el único que se ha mostrado en contra e incluso se ha opuesto formalmente con varios recursos y negativas.

Otro de los gestos de calado del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el independentismo llegó con el traslado de los dirigentes independentistas encarcelados de Madrid a las cárceles catalanas, cuya competencia es exclusiva de la Generalitat. Instituciones Penitenciarias lo autorizó a principios de julio, apenas un mes después de la llegada de los socialistas a La Moncloa y antes de la primera reunión, en Madrid, del presidente Sánchez con Torra.

Sin embargo, el mayor viraje del Gobierno llegó a través de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. El órgano descartó la rebelión, el delito cuyas penas son las más altas, y reclamó hasta 12 años de cárcel (la mitad que la Fiscalía) por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas. De hecho, el Ministerio de Justicia apartó del juicio del «procés» al abogado del Estado Edmundo Bal (ahora fichado por Ciudadanos), al apostar por el cargo de rebelión.

Y sobre la posibilidad de conceder indultos a los líderes del «procés» tras el juicio, algunos dirigentes socialistas como la delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, o el propio Iceta se han manifestado públicamente a favor pese a matizar luego sus declaraciones.

Igual de sonada fue la cumbre entre el Ejecutivo del PSOE y la Generalitat en el Palacio de Pedralbes que el independentismo quiso transformar en una reunión «de Gobierno a Gobierno». Es decir, «de Estado a Estado». Torra y Sánchez se reunieron en una sala, mientras las ministras Carmen Calvo y Meritxell Batet se citaron en una habitación contigua con Pere Aragonès y Elsa Artadi. De allí salió una foto conjunta y un documento, el de Pedralbes, en el que Gobierno y Generalitat pactaron omitir cualquier mención a la Constitución y hablaron de la existencia de «un conflicto sobre el futuro de Cataluña». Después, y en plenas negociaciones por los presupuestos, el equipo de Torra filtró el documentó con los 21 puntos que entregó ese día a Sánchez y que incluía un referéndum de autodeterminación –el PSOE fija la línea en una consulta de autogobierno sobre un nuevo Estatut más amplio–, un mediador internacional para la causa, la «desfranquización» de España y hasta un «debate sobre la Monarquía».

Exigencias que Sánchez ocultó durante dos meses hasta que el independentismo las hizo públicas como medida de presión para lograr un relator en las reuniones entre la Generalitat y el Gobierno del PSOE, llegando a proponer incluso una lista de nombres a Carmen Calvo.

De la reactivación de las bilaterales entre ambos Ejecutivos, la Generalitat ha logrado recuperar algunas de las leyes sociales paralizadas por el TC con el apoyo del Gobierno y más recursos para los Mossos, entre otras medidas.

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