Llarena acepta que se entregue a Puigdemont por sedición

Propone la misma opción a Bélgica para que Comín pueda ser juzgado en el Supremo.

«Confiamos que autoricen la extradición del procesado Puigdemont por los hechos que han sido inicialmente calificados como delito de rebelión», aunque «alternativamente, los hechos podrían ser calificados como un delito de sedición», castigado con la pena de 10 a 15 años de cárcel. De esta forma, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunica a las autoridades judiciales alemanas la posibilidad de que si todo lo sucedido con el referéndum ilegal del 1 de octubre, desde la «proclamación de la República catalana», la «terquedad» en la desobediencia a lo ordenado por el TC a los cientos de actos de violencia o las agresiones a agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, no tiene encaje en su legislación como un delito de rebelión, sí accedan a ponerlo a disposición de la Justicia española por sedición, «un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público» o conspiración para la rebelión. Y en este punto es donde el magistrado quiere poner en un dilema al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein: No resultaría entendible que los hechos relatados en el auto de procesamiento contra Puigdemont y otros 22 líderes del «Procés», pudieran ser cometidos por el presidente de un Land alemán «sin contrariar la Ley penal alemana en ninguno de sus preceptos».

Su conclusión es tajante al respecto: «Asumimos que puedan denegarnos la extradición de Puigdemont i Casamajó si su procesamiento en España es por hechos que en Alemania no sean constitutivos de infracción penal –en relación con el delito de rebelión–. Pero entendemos que, en otro caso, deberían facilitar el enjuiciamiento de los hechos conforme a las leyes penales dadas por la comunidad que ha resultado agredida, más aún cuando los hechos impactan con la organización constitucional y democrática de Cataluña y de todos los españoles». Es decir, insta al tribunal alemán a que no deje impune unos hechos de la gravedad que se le imputan al ex presidente de la Generalitat.

Llarena también le informa de las «consecuencias» del 1-O, como más de 300 «incidentes de movilizaciones públicas», «escraches» a policías y guardias civiles, amenazas a los empresarios que los alojaban, cortar las principales vías de acceso a las principales ciudades de Cataluña o especialmente la actuación de los Mossos: «Que la policía autonómica no velara por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sino porque prosperara su transgresión, permitió que los procesados hicieran ver al Gobierno de España que el control armado del territorio estaba en manos de los insurrectos».

Por otro lado, el magistrado ha abierto siete piezas separadas para los procesados huidos para que puedan ser juzgados de forma independiente y no entorpecer la causa general.