El escándalo de la compra de votos en Mojácar le estalla al PSOE

Mojácar es un municipio turístico del litoral almeriense y residencia vacacional habitual de numerosas personalidades políticas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las últimas horas se ha convertido en el epicentro de una operación de la UCO por una presunta red de compra de votos por correo, en la que están implicados los números dos y cinco de la lista a la Alcaldía del PSOE. Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González figuran en la misma candidatura que era presentada el pasado viernes por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la localidad. «Manuel Zamora será el próximo alcalde de Mójacar», vaticinaba. Y se refería a su compañía electoral para este 28 de mayo como «gente competente, honrada y con las ideas claras de lo que queremos para nuestro país». De la «cabeza alta, mirada limpia y corazón socialista» de hace unos días se ha pasado a la suspensión de militancia y la apertura de expedientes a los detenidos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería) ha declarado secreta la causa, pero ha trascendido que el grupo habría ofrecido dinero a decenas de personas para asegurar que introducirían una papeleta socialista en las urnas en los próximos comicios.

¿Cien votos a cien euros?

La dirección nacional del PSOE intenta ahora apagar el escándalo poniendo distancia con una agrupación con la que hay habituales posados veraniegos, mientras fuentes cercanas a la investigación apuntan a que se podrían superar el centenar de votos comprados para beneficiar a unas siglas que quedaron a tres ediles del Partido Popular en 2019. Con un censo de apenas 7.500 habitantes y una participación que no superó los 2.900 votos entonces, el presunto fraude podría haber alterado el equilibrio de fuerzas en los comicios. Por ello, la policía judicial ha requisado abundante documentación en los domicilios de los implicados, coincidiendo con la visita del líder del PSOE andaluz a la provincia, Juan Espadas, quien aseguraba la «inmediata expulsión» de los posibles infractores, así como «la colaboración» de la formación en resolver la comisión de un delito de fraude electoral. Promesas de «contundencia» y «claridad», seguidas de «prudencia hasta no tener conocimiento de qué es exactamente lo que ha ocurrido». Los hechos podrían estar relacionados con el ofrecimiento de cien euros por cabeza a familias de bajo nivel adquisitivo, como habría denunciado un vecino el pasado 11 de mayo a las autoridades y tras varios contactos. Se especula con tentativas similares a colectivos de diferentes nacionalidades –principalmente, latinoamericanas: Paraguay, Colombia o Ecuador–, así como a las diferentes procedencias de las personas ahora mismo investigadas.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se mostraba contundente al asegurar que «el PSOE y Pedro Sánchez se han convertido en un elemento de deterioro institucional y democrático, pues les da igual absolutamente todo con tal de mantenerse en el poder». «Está claro que hay alguien que está dispuesto a utilizar cualquier medio con tal de conseguir votos, y en democracia no todo vale», añadió.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó como «muy grave» que haya personas que «intenten alterar la voluntad de los ciudadanos». Y pidió «determinación» a las Fuerzas de Seguridad del Estado y también una «reflexión» para incrementar la «pena» de estos tipos delictivos en el Código Penal. En esa misma línea, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, puso sobre la mesa la necesidad de «hacer las reformas que sean necesarias a la Ley Electoral para que no se puedan permitir este tipo de situaciones». Nieto aseguró que «la Junta Electoral Central ya está trabajando en esta materia pidiendo información y recabando datos de la investigación», antes de considerar que «todas las medidas que se tengan que adoptar, previas a la celebración de las elecciones, para garantizar la limpieza del resultado van a ser bienvenidas y apoyadas por el Gobierno de la Junta».

Todas las formaciones políticas clamaron ante un posible fraude, al que se refería también el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, «extraordinariamente preocupado»; la portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que exigía «que se esclarezcan los responsables antes de las elecciones»; o el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, a quien «no le han sorprendido» los avances de la investigación.

Menos comentarios por parte de responsables del PSOE, a los que sorprendió la causa abierta en el pueblo costero en el que Bolaños o Sánchez, entre otros, pasaban el periodo estival.

Sobre el momento en el se producen la decena de registros en viviendas y propiedades de los investigados, fuentes de la Guardia Civil explicaron que tuvieron lugar ayer porque hoy, 25 de mayo, termina el plazo para emitir los votos por correo. Y señalaron el hallazgo de resguardos de voto por correo y copias del censo electoral, que refuerzan las tesis de la investigación. Los siete detenidos se encuentran bajo custodia policial y la previsión es que sigan arrestados hasta que pasen en las próximas horas a disposición judicial.