La estabilidad parlamentaria del Gobierno parece haberse agotado. Todo comenzó la última semana de octubre, cuando el partido de Carles Puigdemont anunció que rompía todos los vínculos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras los "reiterados incumplimientos" de lo pactado.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", sentenció Nogueras en una comparecencia de urgencia en el Congreso, acompañada de los otros seis diputados de Junts, para justificar ducha decisión.

Desde entonces, los 'tira y afloja' de los independentistas no han cesado, con el objetivo de desgastar al Gobierno, quien, no obstante, hace caso omiso a esta "ruptura" y sigue aprovando aquellos pactos y acuerdos alcanzados en el extranjero con el objetivo de reconducir las relaciones.

Lo pactado durante 22 meses negociando en Suiza

"Nosotros hemos estado 22 meses negociando en una mesa de servicio", ha espetado esta mañana la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, durante una comparecencia en referencia a las negociaciones entre el PSOE y Junts en Suiza, siempre con un mediador internacional presente.

En este sentido, la catalana ha recriminado al presidente del Gobierno que el Consejo de Ministros aprobase ayer la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta de empleo público y los procesos de selección de los habilitados nacionales. Algo que, a su juicio, demuestra que si Sánchez no ha cumplido lo pactado ha sido porque no ha querido.

No obstante, los catalanes justifican su ruptura con el Gobierno español argumentando que no se ha aplicado la Ley de Amnistía al 100% o que el catalán aún no está reconocido como lengua oficial en Europa; otro 'sine qua non' de los de Puigdemont para votar a favor de la investidura de Sánchez en 2023.

A ello le suman la proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia de hurtos, que su tramitación se encuentra paralizada desde febrero de este año, después de que cerrase el plazo de presentación de enmiendas. Si bien es cierto que el único partido que apoyó entonces su tramitación fue el PSOE, no así como Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, y ERC que se abstuvo.

Asimismo, Puigdemont reclama al Ejecutivo central el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, la aprobación de la Ley Antiokupación, la representación de Cataluña en la UNESCO -además de en la Organización Mundial del Turismo-, la publicación de las balanzas fiscales o de las ejecuciones prespuestarias. Todo ello sumado a la aprobación de la Ley ELA, paralizada también en el Congreso.

No obstante, Nogueras ha dejado esta mañana la puerta abierta a que si el Ejecutivo reconduce sus actitudes, puede que haya un nuevo acercamiento de la formación de Puigdemont.