La Eurocámara pide el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha votado este martes un informe que denuncia el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, que supone excluir el castellano en las escuelas, y pide que se cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020 para permitir que el 25% de las horas lectivas sean impartidas en castellano.

Aunque este dictamen no tiene poderes vinculantes, supone un modo de presión política y una victoria para las organizaciones que se habían dirigido a la comisión de peticiones en aras de pedir amparo a sus reivindicaciones.

El redactado final incluso va más allá del fallo judicial y pide la “igualdad de trato” de las dos lenguas en el sistema educativo.

Además, el texto también exige evitar la intimidación que sufren los niños y familiascastellanohablantes cuando solicitan el cumplimiento de esta sentencia.

Según la versión del informe definitivo, que ha salido adelante tras la negociación de 400 enmiendas, el Parlamento pide “ a las autoridades regionales y nacionales que colaboren para poner fin a la violación de los derechos fundamentales de los padres, los niños y las familias y a la Comisión Europea que garantice que España “hace respetar los derechos de los niños hispanohablantes”.

El Ejecutivo comunitario no tiene competencias sobre la política educativa que recae de manera exclusiva en las competencias nacionales. A pesar de esto, el informe subraya que “el respeto al Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la UE”, en referencia a la sentencia dictada por la justicia española.

En el mismo sentido, el texto pide que las comunicaciones a las familias y a través de las páginas webs de los colegios y la Generalitat sean en las dos lenguas “de oficio, sin necesidad de que las familias o el alumno lo soliciten individualmente”.

A pesar de este fallo, son los padres los que deben pedir a los colegios a los que asisten sus hijos que las materias se impartan en castellano. El informe también señala que estas familias sufren “incitación al odio” por hacer valer sus derechos.

El pasado mes de diciembre, eurodiputados de distintos partidos y nacionalidades acudieron a Cataluña en una misión de la Eurocámara para conocer de primera mano la situación del castellano en la enseñanza y las denuncias de las familias que consideran estar siendo discriminadas, ya que sus hijos no pueden estudiar en castellano.

Para la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, “es un texto histórico porque ayudará a poner fin al sistema de impunidad en el que hasta ahora el Gobierno catalán, con la connivencia del Gobierno central, se han movido para imponer un sistema lingüístico monolingüe en Cataluña”

La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha celebrado la aprobación de este informe “ya que lanza un mensaje claro de apoyo europeo al bilingüismo en Cataluña y el acatamiento de las sentencias”.

Según la presidenta de la comisión de peticiones, “el informe del Parlamento Europeo deja claro que la Generalitat está vulnerando los derechos de las familias y que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para impedirlo”.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, se ha felicitado por la aprobación de este informe que supone que la Eurocámara “condena y repudia el régimen de apartheid lingüístico en Cataluña”.

El texto definitivo aprobado este martes va mucho más allá del primer borrador, ya que también acusa al modelo de inmersión lingüística catalán de ir en detrimento de la libre circulación de trabajadores dentro del mercado único, al imposibilitar que muchas familias decidan trasladar su domicilio a Cataluña por las implicaciones que esto pueda tener para los estudios de sus hijos que no hablan catalán.

Además, se ha incluido un apartado concreto sobre los niños con necesidades educativas especiales y la posibilidad de que el sistema actual “genere graves disfunciones para aquellos cuya lengua materna es el español”.

La tramitación de este informe ha transcurrido en un tono bronco entre las principales fuerzas políticas españolas. Mientras el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado a favor, el Partido Socialista y Podemos se han pronunciado en contra.

En el mes de febrero, cuanto todavía se estaba dirimiendo el borrador, las quejas de los socialistas y los partidos nacionalistas hicieron que el debate se retrasase una hora, ya que estos últimos alegaban que no habían podido leer el informe a tiempo y que se habían enterado de su contenido por filtraciones a la prensa.