Ferraz plantea que la eutanasia entre en la Seguridad Social

En caso de enfermedades terminales e incurables.

Pedro Sánchez compareció en febrero ante las huestes socialistas en el Congreso y el Senado para fijar las prioridades de la agenda parlamentaria del PSOE. Entre ellas, avanzó la regulación del derecho a la eutanasia, una iniciativa que ayer registraron en el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley. El objetivo es que la eutanasia se convierta en un derecho efectivo y constitucional y se incluya como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Supuestos

El objetivo de los socialistas es convertir la eutanasia en un nuevo «derecho efectivo» para dos supuestos: para aquellas personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad terminal, grave e incurable, y para aquellas «que deciden no vivir más» en casos de discapacidad grave y crónica, como consecuencia de la cual padecen un «sufrimiento insoportable» y no pueden valerse por sí mismos.

Financiación pública

El PSOE entiende que esta «prestación de ayuda para morir» debe estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y debe ser nutrida de financiación pública, incluso en los casos en los que se practique en el domicilio particular de la persona solicitante.

Garantías suficientes

La regulación de la eutanasia busca arrojar seguridad jurídica. Para eso se ha de asegurar que la decisión de la persona que la solicita sea «autónoma, libre de presiones, informada y sostenida en el tiempo, y no debida a circunstancias de la persona que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o familiares, para afrontar esa situación». También se indagará en las condiciones de la enfermedad: su irreversibilidad, pronóstico temporal de la muerte, sufrimientos que padece y posibilidad de alivio.

Objeción de conciencia

Al contrario de lo que sucede con el tratamiento de la muerte digna, la eutanasia no se incluye en el código deontológico de las profesiones sanitarias y, en consecuencia, permite la objeción de conciencia. La proposición de ley contempla que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tengan el derecho de ejercer la objeción de conciencia. La negativa a realizar la prestación por razones de conciencia será una decisión siempre «individual del personal sanitario» y deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. La propuesta prevé la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

Caso Ramón Sampedro

«El caso de Ramón Sampedro, por ejemplo, quedaría regulado en nuestra proposición de ley orgánica», señaló ayer la secretaria de Sanidad del PSOE, Luisa Carcedo. Una vez solicitada la eutanasia se requerirá una segunda opinión y pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra al estar transferidas las competencias en materia de Sanidad.