
Juicio al fiscal general
La fiscal que defiende a García Ortiz niega una actuación "impropia" contra el novio de Ayuso
Sánchez Conde cuestiona a la UCO y sostiene que aunque el fiscal general hubiese filtrado el correo su actuación sería "impune" porque ya se conocía

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido la actuación del Ministerio Público respecto a Alberto González Amador, negando que haya procedido de forma "impropia" respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso.
En su informe final, la "número dos" de García Ortiz -que al igual que su defensa pide su absolución al no apreciar delito alguno en los hechos por los que se sienta en el banquillo- ha cuestionado la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a su "prueba del nueve" para concluir que fue García Ortiz quien filtró el correo con la confesión de la pareja de la presidenta madrileña. Hasta el punto de que de ese informe clave, ha dicho, "no se desprende ninguna prueba" contra el fiscal general.
Cuando una noticia se revela a un periodista, ha defendido aludiendo a jurisprudencia del Supremo, "ya no existe el secreto". Y ha señalado que incluso en la hipótesis de que García Ortiz hubiera difundido a la prensa ese correo sería "impune" porque la noticia "ya era conocida por muchos medios de comunicación, como ha quedado acreditado en la causa".
Por otro lado, ha afirmado estar "muy preocupada por el uso que se ha hecho de la información que se ha obtenido" del registro de la documentación incautada a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, el 30 de octubre del pasado año.
"Divergencias" de Lastra
Según ha sostenido, la primera revelación de la cadena Ser, en el programa Hora 25, la noche del 13 de marzo del pasado año -sobre el correo de la confesión de González Amador- se llevó a cabo "cuando el fiscal general no había recibido todos los correos".
La representante del Ministerio Público ha aludido a "divergencias" en las declaraciones prestadas por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ante el TSJ de Madrid, en instrucción en el Tribunal Supremo y en el propio juicio. Y ha señalado al respecto que la "reunión" con otros fiscales en la que habría tenido conocimiento del correo del 2 de febrero no ha sido corroborada por ningún otro fiscal.
A este respecto, considera que su "reconocimiento de que no llegó a leer" la nota publicado el 14 de marzo que le remitió la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, para que la revisara antes de su publicación, "desvirtúa el valor" que dio el instructor a la actuación de la fiscal superior. Conviene recordar que Lastra se opuso a la difusión de esa nota que detallaba las negociaciones de la defensa del novio de Ayuso con el fiscal y que llegó a reprocharle a García Ortiz (frase que este niega) que hubiese "filtrado" ese correo clave tras su publicación por la cadena Ser.
La fiscal -que ha desgranado con exhaustividad los indicios que Hurtado esgrimió para llevar a juicio al fiscal general antes de emplearse a fondo en intentar rebatirlos uno a uno- se ha referido igualmente a las declaraciones de los periodistas que afirman que tuvieron conocimiento "con mucha antelación" del contenido del correo con la confesión de González Amador y el ofrecimiento de pacto a la Fiscalía. Y ha recalcado que según declararon obtuvieron esa información por una fuente distinta al fiscal general.
Avala los testimonios de los periodistas
En sus conclusiones finales, la teniente fiscal del Supremo ha defendido que los wasaps aportados por varios periodistas de "El País" -conversaciones de las que levantaron acta ante notario- demuestran que "estaban dialogando sobre la propuesta de conformidad de González Amador" antes de que García Ortiz recibiese el correo que se le acusa de filtrar.
La fiscal ha puesto de relieve la "actuación conjunta" de González Amador y el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quienes tenían -ha incidido- "una relación muy fluida y un intercambio de información constante". Hasta el punto, ha añadido, de que una vez Rodríguez "diseñó toda la respuesta" de la Comunidad de Madrid a la investigación por delito fiscal a González Amador, este siguió "al pie de la letra" la argumentación de que se trataba de una "persecución política".
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