Las asociaciones profesionales de fiscales reaccionan a la renuncia voluntaria de Álvaro García Ortiz a seguir como fiscal general del Estado, tras ser condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación para el ejercicio del cargo durante dos años por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La Asociación de Fiscales (AF) insiste en que García Ortiz "debió dimitir mucho antes" de conocerse el fallo del alto tribunales: "Nos hubiéramos ahorrado los últimos meses de sufrimiento, decadencia, y tensión institucional".

La presidenta de la agrupación mayoritaria, Cristina Dexeus, confiesa a LA RAZÓN que ver a su máximo responsable sentado en el banquillo de los acusados "ha comprometido el trabajo de los fiscales y el buen nombre de la Carrera".

Por su parte, la segunda agrupación profesional de la Carrera, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) quiere dejar claro, al ser preguntada por este diario, que "la denuncia llega tarde", dado que siempre defendió que debía haber dimitido tras su imputación. "Pero, al menos, no la pospone más", afirma su portavoz, Miguel Pallarés.

Para la APIF, que ha ejercido de acusación popular en la causa, "era lo menos que (García Ortiz) podía hacer por la institución". Después del "mucho daño" que -sostiene- ha hecho al Ministerio Público al optar por "la posición de mantenerse en el cargo desde que tuvo la condición de investigado".

El ICAM lo ve un "cumplimiento del fallo"

Por otro lado, el Ilustra Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que también ha ejercido la acción popular en esta causa, ve su renuncia "la consecuencia lógica del cumplimiento del fallo adelantado por el Supremo", sin que se haya llegado a conocer el contenido de la sentencia.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, tiene claro que "la asunción de responsabilidades" por quien ejerce un alto cargo público, "no debilita el sistema, lo fortalece".