Tribunales
La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir el archivo del caso por la cátedra y el software
La acusación popular reclama que Pedro Sánchez declare como testigo sobre sus supuestos vínculos con las empresas del programa
Tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía se mantuvieron en lo esperado en la vista de hoy. El juez Juan Carlos Peinado informó al abogado de la mujer del presidente del Gobierno de que ella se enfrentará a un tribunal de jurado popular si finalmente es juzgada por la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones empresariales con Juan Carlos Barrabés y el uso que hizo del software.
El exministro socialista Antonio Camacho, su letrado, reclamó el archivo de esta parte del procedimiento, la principal, en que se le investiga por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del programa informático de la cátedra e intrusismo profesional. Adelantó que reclamará la nulidad de las actuaciones alegando que en el auto con el que les citó hoy no se concretan los hechos que se le imputan a su clienta.
Sobre el software, rechazó que pueda existir una apropiación indebida por parte de Gómez y sería, en todo caso, un delito contra la propiedad intelectual y este precisa que la UCM hubiese patentado industrialmente alguna vez el programa. "Desde la inquisición no se vio cosa igual", llegó a decir.
Lo mismo hizo el fiscal. Se centró en recordar que para ocupar una cátedra de este tipo "no es necesario ser licenciado o catedrático" y que ninguno de los investigados "se ha beneficiado económicamente" del software.
Sobre Barrabés, se apoya en que su compañía que ganó el contrato público bajo investigación está en manos de Anticorrupción. Y defiende que el primer informe de Hacienda, que advertía que irregularidades en su concesión, se limita a apuntar que hay un "excesivo peso de la valoración" de criterios subjetivos.
A ambos se unieron el abogado de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a la que se atribuye el haber sido cooperadora necesaria en los dos primeros ilícitos.
La representante de Barrabés, que se habría beneficiado de su relación con la esposa de Pedro Sánchez para obtener millonarias subvenciones públicas, señaló que no se ha concretado en que funcionario público habría influido el empresario –que implica el delito de tráfico de influencias–.
Unos contratos bajo investigación que la abogada de Barrabés recordó que algunos fueron adjudicados cuando Sánchez no era aún mandatario, en 2017, y en los que hubo cartas de recomendación de Gómez están en manos de la Fiscalía Europea y son objeto de este procedimiento.
La acusación popular, que lidera Hazte Oír, pide nuevas diligencias de investigación, en concreto una testifical de Sánchez para interrogarle sobre su presunta relación con empresas que pagaron el software y un careo entre el exvicerrector Juan Carlos Doadrio y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que llegó a estar imputado hasta que fue anulado por la Audiencia Provincial de Madrid.
La batería de solicitudes de pesquisas a practicar la completan que se requieran todos los correos que cruzó la asesora de Presidencia con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para comprobar si hay más de los ya conocidos en que Álvarez preguntó sobre cómo debía registrar esta plataforma.
Por último, que vuelva a declarar como testigo Miguel Escassi, el directivo de Google que ejerció como enlace con la cátedra para su colaboración en el proyecto de la plataforma y que llegó a la compañía desde la vicepresidencia de Nadia Calviño.
Hay que recordar que fue el pasado miércoles cuando el magistrado dio este nuevo paso hacia un posible enjuiciamiento de la matriz de la causa tras recibir otro informe de la Intervención del Estado (IGAE) en que se puso de relieve que habría irregularidades en los contratos, por valor de más de 8 millones, que recibió su grupo empresarial y en los que se tuvieron en cuenta cartas de recomendación de Gómez.
En lo que afecta directamente a esta última, en el hipotético juicio se dilucidaría en la constitución de la cátedra de la UCM y que se le eligiese como codirectora estuvo directamente relacionado con su condición de pareja de la segunda mayor autoridad del Estado.
En lo relativo al programa informático, se analiza si se lo apropió, pese a que fue desarrollado por empresas para ser de la Complutense. Dado que la universidad nunca lo patentó ni hizo valer formalmente sus derechos sobre este. Mientras que la mujer del jefe del Ejecutivo registró a su nombre como marca la denominación del software y acabó siendo ofrecido en una web que titulaba ella.
La postura de la Fiscalía es que no está demostrado que este se llegase a "implementar" nunca ni que haya tenido "resultados prácticos". Culpa, además, del registro por parte de la mujer de Pedro Sánchez a la orden que le habría dado la "Escuela de Gobierno" para hacerlo.
Paralelamente se investiga si incurrió en intrusismo al firmar un pliego de la contratación con Deloitte de servicios de asesoría, precisamente, para crear el producto y sin que fuese personal de la UCM, ni estuviese demostrada su capacitación técnica para ello.
Hay que recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dejó claro, en la resolución con la que les citó para este lunes, que consideraba que los tres investigados "difícilmente" podrían haber puesto "en práctica las conductas delictivas que se les imputa" de no existir "ese vínculo con el actual presidente del Gobierno".
Por tanto, ve claro el origen del tráfico de influencias en esa relación con Sánchez y al entender que el resto de delitos están vinculados a esta condición, optó por apuntar a su enjuiciamiento conjunto y con jurado.
Ahora, el magistrado tendrá que decidir si acepta las nuevas diligencias solicitadas por la acusación o pide las conclusiones.