"Delito de odio"

García Ortiz traslada a la Fiscalía del Supremo la denuncia del PSOE contra Abascal

Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) advierten que el dirigente de Vox es aforado, por lo que la competencia recae en Fiscalía del alto tribunal

Moción de censura al Gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez Castejón que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a Ramón Tamames Gómez presentado por VOX © Alberto R. Roldán / La Razón
Santiago Abascal en el Congreso de los DiputadosAlberto R. RoldánFotógrafos

La Fiscalía General del Estado ha advertido que no es competente para analizar la denuncia que ha presentado el PSOE contra el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal, por un supuesto delito de odio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al tratarse de un aforado, la competente es la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), advierte, por lo que ha trasladado la denuncia.

Una vez se analice el contenido de la denuncia, si la Fiscalía del alto tribunal entiende que hay indicios de delito en las declaraciones de Abascal, se practicarán las diligencias que considere oportunas para comprobar los hechos y determinar la responsabilidad penal del diputado de Vox. Y una vez concluidas la investigación, la Fiscalía formulará una denuncia o una querella ante el TS.

Si, por el contrario, la Fiscalía entiende que en los hechos denunciados no hay indicios de delito, archivará las diligencias incoadas.

Abascal señaló hace unos días, cuando se encontraba de visita en Argentina para la toma de posesión del presidente Javier Milei, que "habrá un momento dado" en que el pueblo el pueblo "querrá colgar de los pies" a Sánchez.

Ayer, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunciaba que el PSOE presentaría una denuncia en contra del dirigente de Vox por un presunto delito de odio, algo que se ha concretado hace solo unos minutos. Sin embargo, algunos juristas dudan de que esta acción tenga recorrido, ya que el delito de odio requiere que tenga por objeto a un colectivo vulnerable, un requisito con el que no cumple el presidente del Gobierno.