Fuga de letrados del Congreso al Senado tras la amnistía

La amnistía ha tensionado las costuras del Congreso y mucho. El reflejo de ello se puede ver en el descontento y malestar que hay en el Cuerpo de Letrados, que se ha traducido en dimisiones y fugas de miembros clave del Congreso al Senado. Los letrados, que asesoran jurídicamente a los diputados, han estado en el foco de atención en las últimas semanas por sus pronunciamientos sobre la amnistía. Aunque sus informes no son vinculantes, sí que tienen mucho valor político (normalmente, los diputados los respetan) por el impacto político y judicial que pueden tener.

Los servicios jurídicos del Congreso nunca han concentrado tanta atención como en esta legislatura, en la que la presidenta Francina Armengol decidió situar a Fernando Galindo como letrado mayor (jefe del cuerpo) y secretario general pese a provenir directamente del Gobierno del PSOE, un movimiento muy polémico. De hecho, el nombramiento de Galindo no concitó la unanimidad de la Mesa (órgano de Gobierno del Congreso), algo inédito. El objetivo de situar a Galindo al frente de los servicios jurídicos era allanar la tramitación parlamentaria de la amnistía: es decir, evitar un pronunciamiento en contra de los letrados, como ocurrió con la ley que había presentado ERC en la legislatura anterior y que quedó rechazada. Y, con el primer informe, liderado por Galindo, sí que lo consiguió ya que se mostró favorable a que la medida de gracia se calificara e iniciara el recorrido parlamentario. Si bien, el segundo informe, elaborado por los letrados de la Comisión de Justicia, ha sido un duro revés porque ha sido muy crítico con la amnistía.

Tras todo este revuelo, ha habido muchos movimientos en el Cuerpo de Letrados: en concreto, en los últimos días, según ha podido saber LA RAZÓN, ha habido tres letradas que han decidido marcharse al Senado, para trabajar a las órdenes de la nueva Secretaria General Sara Sieira (nombrada la semana pasada y procedente también del Congreso). Las letradas que se marchan al Senado han estado ocupando puestos clave en los últimos tiempos en el Congreso: Paloma Martínez, que llevaba más de diez años en la Dirección de Asesoría Jurídica con unos notables resultados (es un puesto importante de cara a asesorar a una Cámara a la hora de presentar algún tipo de iniciativa judicial); Isabel Revuelta, que estaba en la Comisión de Justicia y formaba parte del equipo de tres letrados que ha elaborado el informe que ha cuestionado la constitucionalidad de la amnistía, y Mónica Moreno, que dirigía el Gobierno Interior del Congreso.

Las tres letradas formaban parte del organigrama de la dirección del Congreso y ninguna de ellas está «contaminada» políticamente: es decir, ninguna cuenta con vínculos con ningún partido político en un momento en que todo el mundo mira con lupa el perfil de cada nombramiento. La Cámara Alta también va a adquirir mucho protagonismo en las próximas semanas porque va a tramitar la amnistía. Además, previsiblemente, el Senado emitirá un informe sobre la medida de gracia.

Este goteo de salidas del Congreso refleja el «incendio» que hay ahora mismo por la gestión de Galindo y por la amnistía, según explican fuentes conocedoras del asunto. De hecho, estas salidas se suman a la que ya reveló ayer LA RAZÓN: la dimisión del interventor Luis de la Peña tras remitirle una dura carta al letrado mayor. Galindo trató de reconducir la situación y frenar su marcha, pero De la Peña se mantuvo en su postura y ha renunciado al cargo por desavenencias con el propio letrado mayor. Es más, según fuentes parlamentarias, Galindo trató de pedirle a De la Peña que modificara fragmentos de la carta de renuncia porque le dejaban en mal lugar, pero De la Peña se negó.

Las salidas se suman a los intentos de Galindo de cambiar de lugar a letrados críticos con la amnistía, como Manuel Fernández-Fontecha, a quien quiso quitar de la importante Comisión Constitucional tras un artículo crítico con la amnistía publicado en LA RAZÓN.

Desde la presidencia del Congreso se trata de restar importancia a estos movimientos que reflejan el malestar de letrados. En este sentido, ante la «crisis», se han empezado a hacer nombramientos de letrados con pasado en cargos institucionales con el PP para dar una apariencia de normalidad e imparcialidad, como Alfonso Cuenca, que fue viceconsejero de Justicia durante cinco años con Esperanza Aguirre y pasa a ser director de Comisiones (uno de los puestos de mayor trascendencia en la Cámara). Además, la próxima semana, está previsto que Galindo someta a validación en la Mesa del Congreso a Sylvia Martí como «número 3» (Asuntos Administrativos del Congreso), que viene del Senado y fue secretaria general de la Asamblea de Madrid con el PP.

Si bien, el nombramiento de mayor peso será el de la nueva «número dos» (Asuntos Parlamentarios del Congreso): Mercedes Araújo, cercana a Galindo. Araújo relevará a José Antonio Moreno, que ha pedido dirigir la Oficina de Conflicto de Intereses.