El magistrado Manuel García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que ratifique su competencia en relación con la demanda que interpuso contra la diputada de Podemos, Ione Belarra, por llamarle "corrupto". El alto tribunal pidió a las partes que formularan alegaciones acerca de qué tribunal debía juzgar a la líder de la formación morada en función de si le acusó desde un punto de vista personal o como cargo público y el magistrado le responde que lo hizo "en el contexto de una crítica institucional y política" y que, por lo tanto, debe ser el Supremo quien siga con la demanda.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el que fuera instructor de macrocausas como el caso Villarejo, Tsunami Democràtic, Púnica o Lezo, recalca que Belarra le insultó primero desde su cuenta oficial de X "en la que actúa y se presenta como representante política" y, por lo tanto, en su condición de "secretaria general de Podemos".

"Las manifestaciones que motivan esta demanda fueron realizadas por la Sra. Belarra el contexto de una crítica institucional y política al funcionamiento de la justicia, vinculada a debates en sede parlamentaria tales como el "lawfare" y en conexión con el acuerdo político entre grupos parlamentarios para la renovación del CGP", reza su defensa letrada, la cual concluye que todo ello evidencia que no se trataron de manifestaciones "privadas o meramente personales", sino de expresiones emitidas "desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público".

"Finalidad política"

De esta forma el magistrado ya jubilado apela a su condición de aforada y, consecuentemente, a la competencia del Tribunal Supremo para seguir adelante con la demanda que le interpuso. El magistrado le denunció ante el alto tribunal por llamarle "corrupto" y "prevaricador" solicitó una indemnización de 120.000 euros. Posteriormente aumentó la cuantía a 240.000 euros al considerar que se trata de acusaciones muy graves que lesionaron su derecho al honor y le produjeron un grave daño moral.

"La clave no reside en el foro donde se emitan las manifestaciones, sino en la condición institucional desde la que se realizan y su finalidad política, pues en el presente asunto la demandada realizó sus afirmaciones desde su perfil oficial de la red social “X”, así como posteriormente se ratificó en las mismas a través de un programa de televisión, conforme se expuso y acreditó en la audiencia previa por esta representación", reza ahora el magistrado.

Además, recuerda que el alto tribunal cuenta con jurisprudencia suficiente que evidencia que es el competente para seguir adelante con la demanda contra la aforada. "En virtud de lo expuesto, se concluye que el Tribunal Supremo es competente para conocer de la presente demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho al honor de mi representado, interpuesta contra la demandada en su condición de diputada del Congreso, con su cargo vigente actualmente, por las manifestaciones realizadas en el contexto de su actividad política, guardando las mismas una conexión material y objetiva con el ejercicio de sus funciones representativas", concluye.