Álvaro García Ortiz ha renunciado a su cargo cuatro días después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha presentado su renuncia al cargo en una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a primera hora de la mañana. Tras "agradecer" al Gobierno su nombramiento y "la confianza depositada", García Ortiz asegura en la misiva remitida a Bolaños que "una vez conocido el fallo" por el que se resulta condenado, "es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad —siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", asegura García Ortiz en su carta de renuncia. Una dimisión que, argumenta, "es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".

Pone en valor su "sentido del deber"

García Ortiz se va reivindicando su labor: "Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

El todavía máximo representante de la Fiscalía esgrime el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que incluye entre las causas de cese antes de la conclusión de su mandato la renuncia "a petición propia" al Gobierno, que es quien finalmente debe aceptar el cese que, en todo caso, debería acordar una vez se notifique la sentencia que le inhabilita para el cargo durante dos años.

La decisión del máximo representante de la Fiscalía activa el mecanismo para la designación de su sustituto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha cerrado filas con García Ortiz anticipando un recurso de amparo de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. que recientemente ya anuló la condena del Supremo por el fraude de los ERE y que ahora mismo tiene en su mano la aplicación de la amnistía que el alto tribunal niega a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros líderes independentistas.

Se anticipa a la ejecución de la sentencia

El Tribunal Supremo condenó el pasado jueves al fiscal general del Estado -un fallo que se adelantó a falta de conocer la sentencia- a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar a la pareja de Ayuso con 10.000 euros por daños morales.

Aunque la sentencia no surte efecto hasta su notificación, que como se ha apuntado aún no se ha producido, García Ortiz ha decidido presentar la renuncia antes de que el Gobierno se vea obligado a ejecutar el fallo del Supremo.

La condena al máximo representante de la Fiscalía, la primera en la historia de la institución, cuenta con dos votos en contra de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última, ponente original de la sentencia, ha sido sustituida en esa labor por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, al no compartir la mayoría de la Sala la absolución del fiscal general que ella defendió en su borrador de sentencia.