El expediente para ilegalizar la Fundación Franco estará resuelto en nueve meses

La resolución del expediente para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) estará lista como máximo en nueve meses, una vez se haya completado la documentación y analizado las alegaciones que el pasado jueves presentó la entidad creada en 1976.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado hoy que "no es muy razonable" que existan fundaciones que hagan apología del franquismo en 2025 y defiende que la extinción de la FNFF es un "caso muy sólido".

"Hemos construido un caso muy sólido. La ley de Memoria Democrática es muy clara. No pueden existir fundaciones que enaltezcan el golpe y que humillen a las víctimas en nuestro país. No es muy razonable", ha indicado el ministro este lunes durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Urtasun ha recalcado que la FNFF "no respeta la ley", si bien la decisión de su extinción estará exclusivamente en manos de un juez.

El ministro ha explicado que el procedimiento para extinguir esta y otras cuatro fundaciones en el punto de mira será similar, con un proceso de actuaciones previas y una resolución final por parte de un magistrado.

Las otras entidades marcadas en rojo son la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

En el caso de la Fundación Franco, su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, ya ha advertido que por su parte habrá una "larga batalla judicial" en los tribunales.

Aunque no ha concretado plazos, Ernest Urtasun ha señalado que hay un máximo de nueve meses para que se resuelva el expediente.

Sobre la reclamación del archivo de Franco, que el titular de Cultura anunció el pasado día 20, ha afirmado que fue una de las primeras cosas que pidió cuando se inició el procedimiento de extinción de la Fundación porque "es muy importante preservar esos documentos".

Urtasun ha explicado que los documentos son públicos, ya que pertenecen al dictador en el ejercicio de su cargo de jefe de Estado "y no son privados". "Tenemos un informe de los servicios del Ministerio de Cultura que atestiguan que esos documentos son públicos", ha insistido.

El ministro ha recalcado que la "anomalía" es que este archivo haya estado gestionado durante años por una fundación privada, por lo que han iniciado los procedimientos judiciales para reclamar su custodia. "Serán custodiados por los servicios de la Administración General", ha afirmado.

Urtasun ha señalado que una de las ideas es que estos archivos, que suman 30.000 documentos del dictador, puedan ser consultados por historiadores y el público en general.

Hasta el día de hoy, este archivo ha sido cotejado por los interesados que se han dirigido a la Fundación Franco, donde una vez concertada cita, se les ha dado acceso en la propia sede.