Jordi Pujol no evita el banquillo: la Audiencia Nacional le obliga a estar presente en el juicio, aunque por videoconferencia

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, tendrá que sentarse finalmente en el banquillo junto a sus siete hijos por la fortuna familiar oculta en Andorra, cuyo existencia él mismo desveló hace once años. Tras examinar su estado de salud y valorar el dictamen de los forenses -que le han diagnosticado un "deterioro cognitivo" por el que, según su criterio, no se encuentra en condiciones de ser juzgado-, la Audiencia Nacional ha rechazado archivar la causa contra el exlíder de Convergencia.

Al comienzo de la sesión, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha trasladado a Jordi Pujol que la Sala "ha decidido que se inicie el juicio con su presencia", lo que según ha explicado al expolítico -que sigue la sesión por videoconferencia desde su domicilio- "implica que en principio va a estar usted presente en las sesiones del juicio".

Evaluará su estado cuando tenga una "participación activa"

No obstante, ha matizado que "si se produce cualquier modificación en su estado de salud, en función de ello el tribunal decidirá". En todo caso, ha añadido De Prada, "en el momento en que deba tener una participación activa" en la vista oral (durante su declaración, que previsiblemente no se producirá hasta abril del próximo año), la Sala "determinará si está o no en condiciones" de ser interrogado.

El tribunal ha tomado esta decisión tras evaluar su estado de salud a puerta cerrada mediante una comparecencia por videoconferencia en la que ha acreditado que Pujol -que el viernes pasado fue dado de alta tras ser ingresado por una neumonía- padece una demencia sobrevenida.

La Audiencia juzga hasta el próximo mayo a la familia Pujol por haber integrado supuestamente una asociación ilícita que se habría enriquecido con supuestas actividades corruptas prevaliéndose de la posición política del expresidente de la Generalitat (cargo que ocupó entre 1980 y 2003). La Fiscalía solicitaba para Jordi Pujol una pena de nueve años de prisión, aunque pide la condena más alta, 29 años de cárcel, para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien asimismo reclama una multa de seis millones y medio de euros. Su exmujer Mercé Gironés se enfrenta a una petición de condena de 17 años de cárcel.

Ocultaron "una ingente cantidad de dinero"

Según la Fiscalía, los miembros de la familia Pujol Ferrusola actuaron de forma conjunta para ocultar en Andorra, al menos desde 1991, "una ingente cantidad de dinero" que presuntamente procedía "del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que Jordi Pujol acordó con su esposa Marta Ferrusola (ya fallecida, pero que fue apartada del procedimiento con anterioridad por un proceso de Alzheimer) "que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos" en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank.

Del mismo modo, considera que el matrimonio decidió que fuese su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, "quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia".

"Aprovechó su posición política"

La Fiscalía señala que Jordi Pujol "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo" conforme a la cual él mismo "y determinados empresarios afines" a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) "se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC".

Ese patrimonio de presunto origen ilícito "fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años". El matrimonio, "dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento"; otros, como Jordi Pujol Ferrusola, su entonces esposa Mercé Gironés y su hermano Josep Pujol Ferrusola, "gestionando los beneficios de la actividad descrita"; y el resto "beneficiándose directa y conscientemente" de esos ingresos bajo sospecha y contribuyendo "a su ocultación".

Para ello crearon "numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales" y abrieron cuentas a nombre de terceras personas, llevando a cabo asimismo "múltiples transferencias e ingresos en efectivo", lo que permitió al clan Pujol "repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra".