Gibraltar: el Gobierno le reconoce estructuras de Estado

Diplomáticos y expertos muestran su alarma después de que Exteriores haya validado instituciones del Peñón en la letra pequeña del «Tratado Borrell» contra el fraude fiscal

El contencioso entre España y Reino Unido por el asunto de Gibraltar se prolonga ya más de 300 años / Reuters
El contencioso entre España y Reino Unido por el asunto de Gibraltar se prolonga ya más de 300 años / Reuters

Diplomáticos y expertos muestran su alarma después de que Exteriores haya validado instituciones del Peñón en la letra pequeña del «Tratado Borrell» contra el fraude fiscal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció el pasado mes un acuerdo con Londres «en materia de fiscalidad y protección de intereses financieros» descrito en un comunicado oficial del departamento que dirige Borrell como «el primer Tratado que España firma con Reino Unido sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht en 1713». Sin embargo, tras la euforia del anuncio se esconde un detalle preocupante: diplomáticos y expertos en Derecho Fiscal consultados por LA RAZÓN confirman que en el articulado del tratado España reconoce oficialmente instituciones gibraltareñas como el Registro Mercantil («Registry of Companies»), el Catastro («Land Registry»), la Agencia Tributaria («Income Tax Office»), además de legislación como el Estatus Gibraltareño («Gibraltarian Status Act»). El reconocimiento de la jurisdicción de estas instituciones y la validez de estas leyes –emanadas de un Gobierno y un parlamento que España nunca ha reconocido como tal– sienta un precedente muy peligroso y supone una ruptura con la postura tradicional que nuestro país ha mantenido: Gibraltar es una colonia británica que debe ser incorporada al territorio español siguiendo directrices de Naciones Unidas. Además, al reconocer el Peñón como entidad legal equivalente al Reino de España, el tándem Sánchez-Borrell abre una inquietante puerta al reconocimiento de Gibraltar por parte de Madrid en línea con otras iniciativas análogas impulsadas en su día por otro tándem socialista, el compuesto por Zapatero y Moratinos.

El texto firmado por Borrell –que fue refrendado por el Consejo de Ministros el 15 de marzo y deberá ser aprobado en el Parlamento para entrar en vigor– incluye una levísima referencia a la soberanía británica sobre el enclave y omite significativamente la más mínima referencia a la reclamación de soberanía por parte de España.

Guillermo Rocafort, profesor de Economía en la Universidad Europea de Madrid, experto en Gibraltar y autor de varias obras de referencia sobre paraísos fiscales, llama la atención sobre la «gravedad» de que España reconozca en un Tratado Internacional entidad oficial a instituciones gibraltareñas ya que suponen que «por la vía de los hechos se está reconociendo que son soberanos». «Se acepta que hay una ley gibraltareña paralela y distinta de la española y lo mismo con los registros y la ciudadanía», explica. Según el experto, este tipo de reconocimientos jurídicos tiene muchas repercusiones internacionales y deja aún si cabe más desprotegidas a las sociedades mercantiles españolas de la zona que tienen que competir en condiciones de desigualdad. Otros expertos consultados coinciden en señalar que el despropósito es si cabe más grave cuando se recuerda que todas estas concesiones están teniendo lugar precisamente cuando la posición de Gibraltar es más débil debido al Brexit.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras (PP) y presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, manifestó a este diario su «preocupación» por el acuerdo firmado por Borrell y llamó la atención sobre la necesidad de que se hubiera pedido un dictamen al Consejo de Estado. «Es muy peligroso lo que se ha firmado», reconoció a LA RAZÓN. «Nosotros estamos a favor de todo lo que se haga para que los trabajadores transfronterizos dejen de ser rehenes de Gibraltar y para que se relance la economía de la zona pero este tipo de reconocimiento son peligrosos porque nos alejan de nuestra reivindicación irrenunciable que es, al menos, la cosoberanía».

Fuentes del departamento dirigido por Borrell preocupadas por el cariz que está tomando el asunto en el tiempo de descuento de la legislatura, han confirmado que para elaborar este acuerdo se ha utilizado como base el pacto suscrito entre Mónaco y Francia para evitar la evasión fiscal obviando el detalle de que entre París y el principado monegasco no existe ningún conflicto de soberanía como sí existe entre España y Reino Unido a cuenta de Gibraltar. Asimismo se ha mencionado como justificación que Alemania e Italia han firmado acuerdos análogos con Gibraltar en materia fiscal, algo que difícilmente puede ser considerado como un precedente en el caso español ya que, una vez más, ni Berlín ni Roma mantienen abierto un conflicto jurisdiccional desde hace 300 años en relación al Peñón.