La "no" respuesta. Esta es la modalidad adquirida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando la pregunta es incómoda. Y ante ello la única vía posible es la perseverancia, aunque el resultado tampoco sea muy exitoso que digamos. De ahí que sean muchos quienes acuden al Congreso de los Diputados para que el Gobierno responda, ya que aquí sí es obligatorio. Otra cosa es que la respuesta sea la solicitada. En el caso que nos ocupa, la cuestión planteada afecta de manera directa a policías nacionales y guardias civiles.

Pese a esa "no" respuesta de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su comparecencia en una comisión el pasado 10 de marzo, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán Higueras, perseveró. Así, planteó al Gobierno si piensa cumplir con el mandato parlamentario y "aprobar la declaración de profesión de riesgo" para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como se acordó en la Comisión de Interior del pasado 29 de mayo de 2024.

Porque a nadie se le escapa a estas alturas que desde el Gobierno y más allá, desde el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, no están muy por la labor. Y para muestra, la respuesta que si bien llegó tarde... llegó. En primer lugar, Interior elude cualquier responsabilidad en este asunto y señala que el reconocimiento como profesión de riesgo de estos agentes "presenta una complejidad extraordinaria, al constituir un asunto multidimensional que trasciende las competencias exclusivas del Ministerio del Interior y que implica necesariamente la coordinación interministerial".

Marlaska sigue instalado en el "no"

Pero aún hay más, en pleno uso de su capacidad para "soltar" palabras sin decir nada, destaca que la existencia de dos regímenes diferentes (Clases Pasivas y Seguridad Social) entre los efectivos policiales "añade una capa adicional de complejidad normativa y actuarial que requiere estudios detallados sobre impacto económico a largo plazo". En definitiva, que no se atreven a "establecer plazos concretos o anticipar el contenido final de una eventual regulación". Eso sí, por enésima vez, recurre al manido "grupo de trabajo" creado expresamente para estudiar el "asunto referido".

Esta respuesta "compleja", fechada el 15 de abril, no ha dejado indiferente a los agentes, cansados de tanto ir y venir: "No nos merecemos esto". Denuncian que el departamento de Grande-Marlaska sigue instalado en el "no" y que su respuesta es una "provocación" y un claro "desprecio" a sus derechos y al riesgo que asumen. "Que si es muy difícil (de una complejidad extraordinaria, llegan a decir), que si es un asunto multidimensional (les ha faltado decir que es galáctico), que si hay un grupo de trabajo con ello (que no lo hay por mucho que insistan)...", relatan no sin cierta ironía desde la Confederación Española de la Policía (CEP).

Porque, a su juicio, más allá de las palabras no hay nada y, con este nuevo "portazo" a la profesión de riesgo los policías nacionales siguen sin poder jubilarse de forma anticipada, cobrando el cien por cien la pensión, a diferencia de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, que sí forman parte de ese grupo de profesiones de riesgo. Por todo ello, ante una nueva retahíla de excusas para bloquear esta reivindicación, la CEP defiende el conflicto colectivo permanente que mantiene ante el Ministerio del Interior desde hace ya un año.