El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido las protestas propalestinas durante la Vuelta Ciclista a España y las ha calificado de "legítimas". Es más, ha matizado que la organización de la competición ha de entender este "clamor popular".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento antes del Pleno, López ha reiterado que esas manifestaciones reflejan lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Otra cosa es que se ejerza "con algún atisbo de violencia, cosa que no digo que haya sucedido", añadía. Es más, de ser así, ha dejado claro que "eso no compartimos de ninguna de las maneras".

Sea como fuere, ha vuelto a insistir en que los responsables de la Vuelta a Ciclista España deberán entender también que hay un clamor popular y que por encima de esta manifestación deportiva "también están los derechos humanos en el mundo".

Y mientras esto sucedía en los pasillos de la Cámara Baja, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha solicitado formalmente al viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Ricardo Ituarte, la apertura de una investigación disciplinaria por las "graves irregularidades cometidas en el dispositivo policial de la etapa 11 de la Vuelta Ciclista a España", celebrada el pasado 3 de septiembre en Bilbao.

Sin chalecos anti-trauma ni material antidisturbios

A su juicio, los hechos registrados suponen un atentado contra la seguridad de los agentes y de la ciudadanía, resultado de una gestión política y policial marcada por la improvisación, la falta de previsión y el incumplimiento de la normativa vigente.

El Si.P.E. denuncia que en el operativo se convocó a agentes en situación de Segunda Actividad por Edad (SAM) para desempeñar funciones operativas en un evento de altísimo riesgo, lo que vulnera claramente la normativa. Además, los efectivos desplegados carecieron de los medios imprescindibles para garantizar su protección: sin chalecos anti-trauma, sin escudos, sin lanzadores de foam y sin el material antidisturbios mínimo exigible.

Abuso de autoridad

Lejos de reforzar la seguridad, las órdenes transmitidas por los mandos limitaron aún más las garantías para los agentes, reduciendo la uniformidad al pantalón reglamentario, camiseta, peto de alta visibilidad y defensa. Una instrucción absolutamente inadecuada que convirtió a los ertzainas en objetivo vulnerable en un evento multitudinario donde la posibilidad de incidentes estaba más que anunciada.

Consideran que el despliegue de 587 agentes resultó manifiestamente insuficiente para garantizar el orden público, especialmente teniendo en cuenta la previsibilidad de protestas relacionadas con la presencia del equipo Israel-Premier Tech. "Esta falta de previsión no solo debilitó la capacidad operativa de la Ertzaintza, sino que comprometió directamente la seguridad ciudadana", reafirman.

Por todo ello, denuncian que estos hechos suponen un presunto abuso de autoridad. Asimismo, aseguran que resulta intolerable que, una vez más, se exponga a los trabajadores de la Ertzaintza a riesgos innecesarios por decisiones políticas y operativas erráticas.