El Gobierno despacha el referéndum de Aragonés: «No hay debate»

Pere Aragonés intenta sacar la cabeza en plena precampaña de las elecciones municipales. Con un Govern en minoría y en plena pugna con Junts por la hegemonía del espacio soberanista, el president de la Generalitat presentó este martes su plan de referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña. Una propuesta de claridad que se recibió con frialdad por parte de todos los actores políticos, salvo aquellos que, por el mismo interés electoral que Aragonés, buscan jalear el conflicto secesionista para obtener réditos en las urnas.

Incluso los partidos catalanes que podrían ser más receptivos a la hoja de ruta soberanista se han mostrado contrarios a la misma y la iniciativa solo ha servido para poner de relieve la soledad de ERC en el Parlament. Por diversos motivos se han opuesto desde el PSC hasta Junts y la CUP, lo que garantiza ya una mayoría absoluta de bloqueo a la propuesta. A estos se suman también Ciudadanos, PP y Vox, por lo que ERC solo contaría con unos Comunes que también miran con suspicacias la propuesta por el contexto en que se precipita.

Fuentes socialistas consultadas por este diario ven en el plan soberanista una maniobra «artificial» para intentar insuflar oxígeno a la candidatura municipal de Ernest Maragall a la Alcaldía de Barcelona, un perfil que se ha quedado descolgado en la pugna a tres entre Jaume Collboni, Xavier Trias y Ada Colau. En Moncloa, directamente, no dan ningún recorrido a la propuesta. La consideran inviable por ilegal y por la falta de respaldo político con que cuenta el propio Aragonés. «No hay debate», zanjan fuentes gubernamentales, que mantienen férrea la posición del Ejecutivo hasta ahora: «Un referéndum de independencia no cabe en la Constitución».

En el Gobierno se felicitan de que su agenda catalana además de lograr la distensión ha tenido un efecto de desactivación de las aspiraciones independentistas, que cuentan con menor apoyo que en 2017 y que se han hundido en las preocupaciones de los españoles de la segunda a la número 46. «La gente ya no está en eso, no les toman en serio. Los ciudadanos están en la política útil que resuelva sus problemas», señalan. Desde Moncloa encuadran estas proclamas de ERC en el «autoconsumo» de sus acólitos y de quienes sueñan con seguir jaleando el conflicto, mientras que lo que demanda la sociedad en su conjunto son «propuestas legales que unan y no dividan».

El movimiento se entiende también en clave interna, en la pugna que ERC mantiene con Junts por la hegemonía del espacio independentista y por la necesidad de marcar perfil de cara a las próximas citas con las urnas. La vía más pragmática que han transitado los republicanos, con una apuesta decidida por el diálogo con Estado, contrasta con la oposición constante de los que fueran sus socios de coalición. Sin embargo, esta parte del soberanismo más radical todavía tiene un fuerte sustrato que pone en apuros a ERC, el último episodio, cuando Oriol Junqueras tuvo que abandonar la manifestación en los márgenes de la cumbre hispano-francesa en Barcelona al grito de «traidor» por los que allí se estaban movilizando.

El referéndum entra, en un discreto plano, en campaña y ya hay algunos candidatos que recogen el guante para marcar perfil. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lejos de ignorar la propuesta, en la línea del Gobierno central, advirtió ayer de que, de prosperar, su comunidad sería la primera en recurrir al Tribunal Constitucional, porque «socava el derecho a decidir» de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. «Cuando se habla del conjunto de España, tenemos que entrar todos. Podemos convocar un referéndum en toda España, pero no que la simple convocatoria sea un ejercicio de independencia», aseguró Page.

También salieron al paso públicamente tanto la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, como el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. La primera advirtió a Aragonés y al PP de que «con Sánchez de presidente del Gobierno no va a haber referéndum de autodeterminación» en Cataluña, y Bolaños descalificó la propuesta del presidente catalán, calificándola de «muy poco útil y realista», porque supone volver al «bucle» que fraccionó la sociedad catalana e hizo perder una década a Cataluña. El Gobierno prevé que puedan existir conatos aislados de este tipo en la carrera a las urnas, pero considera que no pone en jaque la agenda catalana que se ha desplegado y culminado –tras la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de la sedición y la malversación–. «El procés ha acabado», sostienen.