Se ha abierto una oportunidad para el acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Hay un canal de diálogo en curso a cuenta de la respuesta a la andanada arancelaria impulsada por EE UU, un flujo de interlocución vulnerable y que deberá cultivarse por las dos partes para que no acabe cegándose, como en ocasiones precedentes. Desde el Gobierno, con Carlos Cuerpo a la cabeza, se traslada una "voluntad de llegar a una solución conjunta, una respuesta de país" y se traslada la vocación de seguir negociando en el futuro.

Para ello se ha compartido información con el PP, en reuniones y contactos telefónicos antes y después del diseño del real decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y consideran que hay margen para seguir llegando a acuerdos en adelante. Según fuentes gubernamentales se han incluido algunas de las propuestas que les han transmitido los grupos parlamentarios, entre ellos, el Partido Popular. Concretan que se ha añadido "un artículo específico sobre rendición de cuentas y transparencia de presencia trimestral en el Congreso", también un refuerzo en las medidas de internacionalización, a través de un Fondo de Internacionalización de la Empresa, el FEIM.

El PP deja en el aire su apoyo

En el futuro, desde el Ejecutivo también se abren a aceptar aportaciones en lo relativo a definir las condiciones para acceder a las líneas de avales ICO, porque esta condicionalidad no figura en el real decreto de hoy y se requerirá un futuro acuerdo del Consejo de Ministros para ello. Se insistirá también en el diálogo con las comunidades autónomas y se recuerda que el momento es inicial y que será necesario ir rediseñando las medidas en función de la evolución del desafío, por lo que hay margen para seguir incluyendo más propuestas. En Moncloa creen que no tendrán problema para sacar adelante el decreto, entienden que cuenta con el apoyo suficiente para que prospere en el Congreso de los Diputados cuando sea sometido a votación.

Esta influencia limitada del PP en el decreto del Gobierno ha generado cierto malestar en Génova, donde siguen denunciado que las medidas aprobadas por el Gobierno son "cortoplacistas" y de "muy limitado alcance". Además, critican que no se hayan atendido ninguna de sus propuestas “estructurales y estratégicas” vinculadas con la competitividad industrial, como exigió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo este lunes. De momento, dejan en el aire su apoyo final al real decreto, aunque advierten de que no darán un "cheque en blanco".

El propio PP había denunciado a las nueve de la noche que el Gobierno se había negado a aceptar ninguna de sus propuestas en el real decreto que aprobaría hoy el Consejo de Ministros, tal y como publicara este periódico. Sin embargo, al filo de las diez de la noche, asegura el PP que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llamó al vicesecretario de Economía, y le trasladó su voluntad de incorporar algunas cuestiones del decreto. Pasada la media noche, Economía remitió un nuevo texto en el que sí se incluían algunas de las medidas.

Entre ellas, los populares consiguen la aprobación de una línea de avales ICO de 5.000 millones de euros, aunque el Ejecutivo no habría aceptado que los tipos de interés estén bonificados. El Ejecutivo incluye dos diposiciones importantes para el PP, como la de garantizar el equilibrio territorial en la participación en los recursos financieros contando con las comunidades europeas y consigue que el ministro de Economía comparezca en el Congreso de forma trimestral para informar sobre el plan.

También amplía el límite de seguros de CESCE de 9.000 a 15.000 millones y hace ampliables los créditos para financiar operaciones de apoyo a los emprendedores. Logran recducir a 2025 la suspensión de la causa de disolución por pérdidas que se había ido ampliando desde la pandemia.