Conflicto

La huelga en Justicia se estrena con la paralización de 700.000 actuaciones judiciales

Los sindicatos cifran en el 85% el seguimiento del paro parcial de los funcionarios para exigir mejoras salariales

La huelga en Justicia se estrena con la paralización de 700.000 actuaciones judiciales
Protesta de los funcionarios de la Administración de Justicia a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, en MadridArchivo

La primera jornada de paros parciales de los funcionarios en la Administración de Justicia para reclamar mejoras salariales se ha saldado, según los sindicatos convocantes, con 700.000 actuaciones judiciales paralizadas y decenas de miles de juicios afectados por el paro de tres horas, entre las diez de la mañana y la una del mediodía, que continuará de forma indefinida.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Administración de Justicia y que junto a STAJ, Comisiones Obreras y UGT reclaman al ministerio que dirige Pilar Llop una subida salarial en la línea de la que han conseguido los letrados judiciales tras dos meses de huelga (de alrededor de 430 euros brutos al mes) califica el estreno de la huelga de "éxito rotundo" y cifra en un 85 por ciento el seguimiento de los paros por parte de los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de Justicia. Una cifra muy lejos de 15,03 por ciento que, según el ministerio, han secundado los paros.

Según CSIF, de continuar esta situación "se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga". Los paros parciales se han sentido "sensiblemente", asegura la central sindical, en numerosas instancias judiciales de toda España, como juzgados de guardia, juzgados de lo Social y de lo Penal, juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciaria, registros civiles, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, así como en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Tras la estela de los letrados judiciales

Los sindicatos lamentan las molestias causadas a los ciudadanos (que se suman a los originadas por la huelga de los secretarios judiciales, que concluyó el pasado 28 de marzo tras obligar a suspender 400.000 juicios y vistas y paralizar casi medio millón de demandas) pero insisten en que el ministerio de Pilar Llop "es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados".

Los paros parciales continuarán "de manera indefinida" y vivirán su punto álgido el próximo miércoles, cuando está convocada una jornada de huelga general que, anticipan, "paralizará la Administración de Justicia en España durante todo el día", y una gran manifestación en Madrid que partirá desde la sede del Ministerio de Justicia.

Desde el departamento que dirige Pilar Llop -que está a la espera de que las comunidades autónomas faciliten los datos del paro para dar una cifra del seguimiento de la primera jornada de huelga- se sigue insistiendo en la política de mano tendida y confían en que, como ha sucedido con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), las diferencias con los representantes sindicales se solucionen dialogando.

La petición del decano del ICAM

El decano de la Abogacía madrileña ha recordado a los sindicatos convocantes "los graves perjuicios" que estos paros pueden provocar en el derecho a la tutela judicial efectiva, tanto a la ciudadanía como a la abogacía. "Comparto con vosotros la preocupación por el grave estado de la Administración de Justicia, las movilizaciones en los distintos sectores pertenecientes a la misma así lo evidencian", ha señalado Eugenio Ribón en una carta remitida a los representantes sindicales, a quienes ha insistido en que sus "justas reivindicaciones" nunca pueden ir "en detrimento de los destinatarios del servicio público de justicia y especialmente de los más vulnerables y necesitados de protección".

Por eso les ha solicitado que presten "especial atención", a la hora de la suspensión de actos procesales, a aquellas "situaciones de especial vulnerabilidad" de "impostergable atención".