Irene Montero se atrinchera y no admite errores a pesar del varapalo del Supremo a la ley del "solo sí es sí"

La decisión del Tribunal Supremo de ratificar las rebajas de condenas a agresores sexuales es un varapalo de facto para el Gobierno de coalición en su conjunto, pero, especialmente, para el Ministerio de Igualdad, proponente de la ley y férreo defensor de no corregir la ley, pese a sus efectos «indeseados». Es un señalamiento directo a la ministra Irene Montero y a la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, quienes se enrocaron en su defensa de no corregir la ley, a pesar de que hasta ahora se hayan producido ya 1.079 reducciones de pena en aplicación de la nueva ley y hasta 108 excarcelaciones.

El Supremo y hasta la ONU ponen en jaque al ministerio morado en un momento crítico para la izquierda –por las negociaciones para configurar una candidatura de unidad– y para la propia Irene Montero. Su figura, queda, de nuevo cuestionada. Aun con el severo correctivo recibido, en Igualdad la posición es la del atrincheramiento en la defensa de la que es su norma estrella.

La ministra de Igualdad, lejos de asumir responsabilidades, ha reafirmado su posición y ha calificado de «mala noticia» la decisión del Supremo. En Igualdad no se espera ningún tipo de pronunciamiento más, ni tampoco dimisiones, según explican en su equipo. La también número dos de Podemos criticó ayer en sus redes sociales que el pronunciamiento del Supremo se produjese en contra del criterio de la Fiscalía. «El Tribunal Supremo rechaza el criterio unánime de la Fiscalía respecto a la vigencia del derecho transitorio. Es una mala noticia», sentenció en redes, desde donde pidió «acelerar la puesta en marcha de todas las medidas de la ley que protegen a las mujeres víctimas de violencias sexuales», como la especialización judicial, la asistencia jurídica gratuita, los centros de crisis, y el derecho a atención psicológica o letrada sin necesidad de haber interpuesto una denuncia previamente.

La decisión del Alto Tribunal llega un día después de que la ministra sacara pecho por su ley y anunciara un ciclo de conferencias en Madrid para promocionar la norma, coincidiendo con el cierre de campaña de las elecciones generales. Además, tiene más réplicas que traspasan los muros del Ministerio de Igualdad, donde se blindan completamente. Llega en un momento de máxima tensión en la izquierda y donde se están forjando a toda prisa las negociaciones para cerrar la coalición entre Podemos y Sumar. El aval a la rebaja de penas complica la posición de Irene Montero en las negociaciones, después de que su perfil político se encuentre en entredicho y ninguno de los partidos aliados de Sumar haya salido a defender a la ministra como activo político dentro de la confluencia de izquierdas.

La defensa del núcleo duro de la ministra a su ley ha causado una de las más graves crisis políticas que ha atravesado el Gobierno de coalición, hasta el punto que los socialistas acabaron presentando una ley en solitario para corregirla y se saldó con el voto en contra de Unidas Podemos. A su vez, dentro del propio grupo parlamentario se generó una brecha entre quienes pedían, al menos, votar abstención, para evitar el choque total entre los dos partidos de Gobierno.

No solo la decisión del Supremo es un golpe para Igualdad, también la dura sentencia de la ONU, que responsabiliza a todo el gobierno en su conjunto. La relatora de la ONU, Reem Alsalem, cargó contra el Gobierno por sus prisas para aprobar la ley del «solo sí es sí» sin escuchar «otras voces».

Según la política, la ley ha tenido «desafortunadas consecuencias» como la reducción de penas a agresores sexuales que se podían «haber evitado dando más tiempo a las consultas del proyecto de ley en lugar de apresurarse a aprobarlo», criticó en un comunicado. A su juicio, las consecuencias negativas de la ley podrían haberse evitado si «se hubiera concedido más atención a las voces interesadas». Puso como ejemplo a organizaciones de la sociedad civil, políticos y jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presentaron objeciones al proyecto de ley antes de su aprobación el pasado año. «Aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección», zanjó.