Ramón Marí, exalcalde socialista de Albal (Valencia), siempre ha sido considerado como uno de los cargos más afines dentro del PSPV a Pepe Blanco. La Agencia Valenciana Antifraude puso el foco en uno de los convenios que firmó este regidor con el exministro de Fomento por la investigación del caso Koldo. Este dirigente local perdió la Alcaldía en 2023, pero no dimitió hasta febrero de 2025, cuando se inició la investigación de la Guardia Civil por las obras ilegales.

La figura de este regidor volvió a la primera plana de la actualidad hace semanas. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) envió dos informes sobre presuntas irregularidades y sobrecostes al Tribunal Supremo en relación con el caso Koldo, que fue remitido al instructor Leopoldo Puente. Ramón Marí fue uno de los nombres que apareció en el documento.

El protocolo de colaboración se remonta al 25 de mayo de 2011 para la implantación de la estación de cercanías de Albal. Los firmantes fueron José Blanco, como ministro de Fomento, y Ramón Marí como alcalde de la localidad. Su relación era estrecha. Es más, este alto cargo socialista fue regidor de este municipio por el PSPV durante dos décadas.

Para realizar estas obras se tuvo que expropiar una decena de parcelas por las que se pagaron 771.9033,30 euros. Esto se reflejó en un convenio posterior de Albial con Adif del 28 de febrero de 2019. Un corte muy superior al que había fijado el Jurado Provincial de Expropiación de Valencia (72.861,57 euros, según el informe de la entidad valenciana). "Los servicios técnicos municipales tenían conocimiento de que el suelo dónde se proyectaba la construcción de la instalación ferroviaria, y que requería la expropiación de determinadas parcelas, no tenía la condición de suelo urbanizado", señala el documento de Antifraude, que ahora tendrá que ser analizado por Leopoldo Puente y el magistrado tendrá que decidir si solicita nuevas diligencias para ahondar en las supuestas irregularidades que ha encontrado la entidad pública valenciana.

Los pasos que se han desarrollado en los últimos meses son, cuanto menos, sospechosos. Víctor de Aldama declaró ante el Supremo las supuestas "mordidas" a cambio de la concesión de obras públicas. Unas manifestaciones que provocaron que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciara una investigación por orden judicial.

El empresario llegó a presentar a Leopoldo Puente una nota manuscrita con la lista de los contratos públicos que presuntamente habían sido amañados. Aldama señaló al instructor, que investiga en el alto tribunal el "caso Koldo", que estas obras habrían sido amañadas para que fueran preadjudicadas y concedidas, entre 2019 y 2020, a determinadas constructoras que, a cambio, pagarían comisiones ilegales.

La jubilación del alcalde afín a Blanco

Poco después de iniciar esta investigación, el alcalde afín de Pepe Blanco decidió jubilarse y dejar la política. Fue el 27 de febrero de 2025 cuando asistió a su último pleno del Ayuntamiento de Albal. Un cargo al que no renunció cuando perdió la Alcaldía, en 2023.

Este exregidor alegó que se marchaba porque ya era una realidad su eterna promesa de que el tren pasara por su municipio: cuando se cumplió esta circunstancia, dejó su puesto. Sin embargo, el informe de la Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un nuevo escenario ya que ahora, más de una década después, el convenio se encuentra en entredicho. Una firma que se realizó en mayo de 2011, apenas seis meses antes de las elecciones generales en las que se cambió el Gobierno por la victoria de Mariano Rajoy.

A pesar del pacto, el proyecto no se retomó hasta julio de 2018. Dos meses después de la moción de censura que llevó al PSOE a recuperar el Ejecutivo con Pedro Sánchez. Tiempo después vuelven a estar de actualidad estas obras, que tendrán que ser revisadas.