Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) abogan porque la corte de garantías no se pronuncie sobre la Ley de Amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirima si la polémica norma es o no contraria al derecho comunitario, específicamente en lo que respecta a la persecución de la malversación, como expresión de la corrupción política, y del terrorismo.

Con esa intención, los magistrados conservadores César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo reclaman al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que incluye esta cuestión en el orden del día del Pleno que se celebrará a partir de mañana.

En ese escrito, consideran "necesario" que el TC examine si el hecho de que varios órganos judiciales -el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú- se hayan dirigido al TJUE planteando distintas cuestiones prejudiciales "puede suponer un obstáculo" para que el Constitucional se pronuncie sobre la adecuación a la Carta Magna de la Ley de Amnistía "sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia".

Además, los tres jueces del TC plantean también la duda sobre si es el propio Constitucional el que "está obligado" a elevar esa cuestión prejudicial al TJUE para que aclare si la ley es conforme al derecho de la Unión.

"Homogeneidad" con el recurso del PP

Según ponen de manifiesto en el escrito remitido a Conde-Pumpido, existe una "homogeneidad" entre las dudas planteadas por los cuatro tribunales españoles en sus respectivas cuestiones prejudiciales "y las que son objeto de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad" en el recurso del PP contra la ley -el primero que tiene previsto resolver el TC, algo que según adelantó su presidente se producirá antes de verano- y en los presentados por los gobiernos autonómicos del PP (y el castellano-manchego de Emiliano García-Page) y por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), entre otros.

El Pleno del TC tiene previsto despejar definitivamente en el Pleno de mañana, haciendo valer la mayoría progresista, la recusación del magistrado José María Macías, rechazando los recursos de súplica interpuestos por el PP y varias de sus autonomías, que ven vulnerados sus derechos por haber acordado apartar del debate sobre la amnistía al exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo aplicando después en bloque esa recusación al resto de recursos pendientes sin dar voz a las partes sobre esa decisión.

Dado el volumen de la ponencia, y las advertencias de algunos magistrados que reclaman más tiempo del habitual para estudiar el borrador que llevará al Pleno la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados podrán comenzar el debate a partir del Pleno del próximo día 27, donde no habrá decisión definitiva pues las deliberaciones se prolongarán durante varias sesiones previsiblemente por la relevancia de la sentencia y su amplia repercusión social y política. En todo caso, la mayoría progresista de seis magistrados frente a cuatro conservadores (además de Macías, también está al margen de las deliberaciones el magistrado Juan Carlos Campo, aunque en su caso se abstuvo voluntariamente) allanan el respaldo del TC a la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Como pronto, la sentencia puede aprobarse en el Pleno que se celebrará a partir del 10 de junio o, con algo más de margen, en la sesión plenaria del 24 al 26 de junio, apuntan las fuentes consultadas.