Los jueces reaccionan ante la "intromisión" de Pedro Sánchez por sus críticas a la condena a García Ortiz

La principal asociación de jueces ha salido al paso de las críticas al Tribunal Supremo, incluidas las del presidente del Gobierno, por la condena al fiscal general del Estado. En una declaración institucional tras su XXVII Congreso celebrado en Murcia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) "deplora" esas manifestaciones y exige "el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto", que considera "absolutamente impropias en una democracia avanzada".

La APM recuerda que en un estado democrático de Derecho, "el respeto al Poder Judicial, y por lo tanto a las decisiones emanadas de jueces y tribunales es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de gobierno".

El comunicado alude a las recientes declaraciones de Pedro Sánchez y a sus "afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo" -el juicio por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz, que finalmente ha sido condenado-, que según asegura "solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle".

"Traspasa la barrera" de lealtad institucional

En esa misma línea, se refiere a la "desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal" -que adelantó el fallo pero no ha dado a conocer aún la sentencia-, que en opinión de la APM supuso "un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del "fiscal general del Estado".

La asociación judicial sostiene asimismo que "la advertencia sobre la posibilidad de revisar las potestades de tutela de los derechos e intereses legítimos colisiona también frontalmente con el propio texto constitucional".

Por todo ello, la Asociación Profesional de la Magistratura afirma que "defendiendo una vez más los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no puede sino deplorar y exigir el cese de "tan graves ataques y descalificaciones".

Al mismo tiempo, reitera el compromiso de la APM, refrendado en las conclusiones del congreso, de seguir "dedicando lo mejor de nosotros mismos a la tarea de administrar recta e imparcial justicia frente a todos".

"Acatar y respetar" las sentencias

En sus conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho, la APM defiende que "acatar y respetar las resoluciones judiciales ha de ser una realidad, no solo una previsión normativa". "Por ello, exigimos, en particular a los responsables políticos, un escrupuloso respeto hacia las resoluciones judiciales, así como el cese de las descalificaciones que dirigen contra la actuación de los titulares del Poder Judicial, enfatiza la asociación.

Asimismo, sale en defensa del Tribunal Supremo y recuerda que su posición institucional como máximo intérprete de la legalidad "no puede ser puesta en duda, ni sometida a cauces de revisión que no fueron previstos en la Constitución con estos fines".

La AMP también urge abordar la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como reclama Europa, pues se trata -subraya- de "una exigencia inaplazable". Para ello apuesta por retirar a los partidos políticos "la capacidad de determinar la composición mayoritaria de este órgano constitucional".

Garantizar la independencia del fiscal general

Tampoco pasa por alto la "necesaria" reforma "urgente y en profundidad" del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "y de la figura del fiscal general del Estado que garantice su independencia del Poder Ejecutivo".

Y se posiciona nuevamente en contra de la reforma del acceso a la carrera judicial que promueve el Gobierno. "A fin de garantizar la solidez e independencia de la carrera judicial en España -proclama-, confirmamos la defensa del concepto de carrera y el acceso a la misma basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La Asociación Profesional de la Magistratura denuncia "el deterioro que sufre en los últimos años el Estado de Derecho en España" y expresa su "profunda preocupación ante las prácticas que contribuyen a este deterioro, cuando no lo persiguen intencionadamente". Específicamente, cuestiona "todas aquellas cesiones que pongan en peligro el Estado de Derecho, especialmente todas aquellas que derivan de cualquier negociación política".