El juez Aguirre niega la amnistía a Puigdemont en la trama rusa y lo deja en manos del Supremo

El juez Joaquín Aguirre ha rechazo aplicarle la Ley de Amnistía al expresident Carles Puigdemont y al resto de los doce supuestos implicados en la conocida como trama rusa del "procés" que investiga los contactos del Kremlin con el independentismo.

El magistrado del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona considera que los delitos investigados de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal no son amnistiables con la norma impulsada por el PSOE. Eleva así el asunto al Tribunal Supremo (TS) con la correspondiente exposición razonada para que se pronuncie en este sentido sobre el destino judicial del líder de Junts y de Francesc Dalmases al estar ambos aforados. El primero, como eurodiputado en el momento de su inclusión en la causa, y el otro por ser parlamentario autonómico catalán.

Deberá ser, ahora, el Supremo el que decida sobre si continúa su imputación por la presunta injerencia rusa y también sobre las medidas cautelares y procesales que aplica en un caso que implica graves lícitos penales, tal y como puso de manifiesto la instrucción.

Ayer García-Castellón archivase el "caso Tsunami" referente a delitos de terrorismo de ocho de los investigados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y esta mañana el Supremo decidiese dictar el sobreseimiento de la parte de esta causa que se refería a los aforados Puigdemont y Ruben Wangensberg.

Con ello, al prófugo de la Justicia solo le queda esta causa pendiente para poder volver a España libre de cargas penales por su papel en las distintas dimensiones que tomó el "procés" para poder ejercer de diputado del Parlament de Cataluña e, hipotéticamente, convertirse en el próximo president catalán si logra los apoyos para ser investido.

Figuran entre la docena del resto investigados en la trama rusa a los que el juez Aguirre no ve aplicable la amnistía los nombres del expresident de la Generalitat Artur Mas; el antiguo alto cargo de CiU Victor Terradellas; la exconsellera Elsa Artadi; la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Allay, y hasta su propio abogado Gonzalo Boye. La lista la completan Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko.

A todos ellos, en el auto, el magistrado instructor les señala como "inescindiblemente unidos con actuación presuntamente punible de Puigdemont". Esta organización de la que formarían parte todos los mencionados comenzó a operar, según el juez, en 2010 con la investidura de Artur Mas como president de la Generalitat con el objetivo claro de alcanzar el "apoyo y reconocimiento internacional ruso de un Estado catalán independiente".

Bajo las órdenes de Artur Mas y Carles Puigdemont, Terradellas como responsable de Relaciones Internacionales de la extinta CDC y Alay habrían sido los principales intermediarios de la presunta trama criminal en esta tarea de recabar apoyo del "más alto nivel del Gobierno ruso" para el proyecto secesionista y el futurible reconocimiento de una Cataluña como Estado independiente.

El papel de Terradellas y Alay fue, para el juez Aguirre, "intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir" estos contactos en la cúpula gubernamental rusa.

En parte de la labor habría acompañado a Terradellas el exdiputado de Junts Damases para, paralelamente, intentar lograr "ayuda financiera de China" a través de la colaboración con "personas de origen ruso cercanas al Gobierno y/o que podrían tener vinculaciones exmilitares o miembros del servicio secreto ruso", tal y como da como constatado en el auto el juez Aguirre en base a las diligencias practicadas.