El juez ve "descabellado" retirar el pasaporte a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado considera "descabellada" la pretensión de Manos Limpias de retirar cautelarmente el pasaporte a Begoña Gómez a cuenta de la investigación de sus actividades profesionales por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a cuenta de su aval a un empresario que obtuvo 10,2 millones en adjudicaciones de Red.es, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía.

En una resolución incorporada al sumario del "caso Begoña Gómez", al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid rechaza la pretensión de Manos Limpias de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, que considera "infundada e incluso descabellada".

El magistrado argumentó el pasado día 10 en esa providencia que Manos Limpias ya había puesto los hechos en conocimiento de la Justicia "ejerciendo la acción pública" y, dado que en esas fechas no tenía la condición de parte procesal (su personación no se hizo efectiva hasta el pasado día 23, una vez depositados los 10.000 euros de fianza que le permite ejercer ya la acusación popular), carecía "de legitimación alguna" para interesar la práctica de cualquier tipo de medida.

Además, Peinado trasladó al colectivo de funcionarios que a partir de ese momento los escritos que presentase "le serán devueltos sin atender a las pretensiones que puedan contener" hasta que no adquiriese la condición de parte procesal, lo que como se ha apuntado ya ha sucedido.

Manos Limpias solicitó al magistrado que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno porque aunque veía "imposible" el riesgo de fuga "puesto que es la esposa del presidente del Gobierno", sí pensaba que podría "aprovechar sus contactos internacionales para obstaculizar e incluso destruir pruebas".

El colectivo de funcionarios también amplió su denuncia para incluir, como supuestos cooperadores necesarios, a los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama -imputado en la "trama Koldo"- y Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, con quien vio mientras se negociaba el rescate de Air Europa con más de 600 millones de dinero público.

Rechazó investigar a Hidaldo y Aldama

Una pretensión que también rechazó Peinado ese mismo 10 de mayo porque se refería "a los mismos hechos que ya han sido objeto de exposición en la denuncia inicial", presentada el pasado 9 de abril, "sin introducir nuevos hechos sino una valoración subjetiva de la posible participación en los mismos de personas que ya estaban referenciadas en la denuncia inicial".

Para Peinado, Manos Limpias no aportaba "nuevos datos" que permitiesen "atribuir" a los dos empresarios una "hipotética participación", algo que por otra parte -subrayaba- corresponde al juez instructor una vez "practicadas las correspondientes diligencias de investigación".

El colectivo de funcionarios también pidió al juez -antes de adquirir la condición de acusación popular- que reclamase a Moncloa los teléfonos de Gómez y ordenase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine la "lista de llamadas" "para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí", la SEPI, Air Europa y los tres empresarios citados. Asimismo, instó a Peinado a esclarecer "el listado de entidades privadas y públicas" con las que la esposa del presidente del Gobierno ha tenido relación a través de IE África Center, del que "es directora".

Una batería de diligencias que llevó a la Fiscalía a alertar al juez de lo que consideraba "una extralimitación" en su condición de "mero denunciante", pues consideraba "improcedente y abusivo el hecho de reiterar la presentación de escritos y solicitud de diligencias" que tachaba de "manifiestamente desproporcionadas y carentes de justificación".