El juez Adolfo Carretero descarta, por segunda vez, que Íñigo Errejón presionase en algún momento a un testigo tras haber conocido el contenido de la conversación que ambos mantuvieron por correo electrónico y a través de WhatsApp.

Se trata de uno de los dos organizadores de la fiesta a la que acudió el expolítico con Elisa Mouliaá en la noche en que ella asegura que le agredió sexualmente. "Se trata de una conversación que, además, partió del propio testigo en la que intercambiaron pareceres", resuelve el magistrado en un nuevo auto de este pasado lunes al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Además, el instructor del "caso Errejón" prorroga seis meses más la investigación judicial para poder practicar dos nuevas testificales que reclamó llevar a cabo la defensa del denunciado. Unas diligencias que, posteriormente, apoyó la Audiencia Provincial de Madrid.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid interrogará, por tanto, el próximo 24 de octubre, a partir de las 9:30 horas, a dos psiquiatras que trataron a la actriz . Los magistrados de la Audiencia de Madrid aprobaron el pasado julio que se aportase a las actuaciones el informe psiquiátrico elaborado por uno de estos dos profesionales, que es la que medicó a Mouliaá por el trastorno depresivo que se le diagnosticó.

Este informe fue tomado en cuenta por el perito José Cabrera que, a petición del abogado de la denunciante, dio veracidad al relato que Mouliaá hizo de la presunta agresión sexual. "Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones", consideró la instancia superior al juez.

Carretero no descarta, según deja claro en la resolución, aprobar otras pruebas futuras "si fueran necesarias". Toma esta decisión de prolongar la instrucción antes de que el próximo 7 de noviembre se cumpliese el plazo máximo de un año que a priori fija la ley.

En consecuencia, podrá alargarse, de momento, hasta principios del próximo mes de mayo. Había sido reclamada por la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce el abogado Jorge Piedrafita, en nombre de la Asociación Defensa Integral de Víctima de Delitos Especiaizado (Adive).