El juez Hurtado tumba la defensa de García Ortiz

El magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo por la difusión de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, se ha «formado un criterio» de quién puede ser el responsable de la supuesta filtración con el «nivel indiciario» que se desprende de las indagaciones realizadas.

El instructor deja claro que en ningún caso es siquiera comparable, como defendía la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, la difusión que hizo Miguel Ángel Rodríguez de un correo con la presunta filtración de otro que investiga por un delito de revelación de secretos.

Para el juez Hurtado, el jefe de gabinete de Ayuso «difunde» con textuales el contenido del correo con el que el fiscal Julián Salto contestó al planteamiento de una conformidad por parte del abogado de Alberto González Amador.

Pero lo hace con «la autorización de la persona a quien concierne el secreto», que no es otro que la pareja de la presidenta popular, y aquí, señala el instructor, está la diferencia y el punto clave para que no haya «relevancia delictiva».

Rechaza que se pueda equiparar a la difusión del mail por MAR, dado que estaba «autorizado»

El Supremo, en cambio, sí que ve una «filtración» en el contexto de cómo se difundió el otro mail en el que la defensa de González Amador le expone la posibilidad de un acuerdo al fiscal Salto por el caso de dos delitos fiscales al que se enfrenta el empresario.

La «relevancia delictiva», explica, está en que «un tercero ajeno a la confidencia» «filtró» el correo «subrepticiamente a la prensa». Sin contar, señala el juez, con la autorización «del titular del secreto», del novio de Díaz Ayuso.

El alto tribunal advierte a la defensa de los dos imputados, el fiscal general y la jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, sobre que intente «minimizar la trascendencia» de la «filtración» del otro correo e insiste en que la «quiebra de la confidencialidad» que se produjo en este caso es la que implica un posible delito de revelación de secretos por el que se investiga a ambos.

Por otro lado, el instructor aprovechó el auto dictado ayer, con el que se negó aplazar la declaración de Álvaro García Ortiz este miércoles, para aclarar que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es «un defraudador confeso» y apuntar a que se le generó con la publicación del correo «un daño reputacional».

La diferencia está en que la filtración a la prensa por la que se investiga al fiscal partió de «un ajeno»

En estas palabras del juez, las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN ven un «acto de desagravio» dirigido a recordar que, al menos, de momento, es inocente, es objeto de otra causa y no hay confesión alguna en el mail porque tendría que ser él mismo, expresamente, quien lo admitiese ante el juez.

Lo que va en línea con la docena de querellas que tiene interpuestas González Amador contra cargos del Gobierno y del PSOE, que le han acusado de ser un «delincuente confeso». En la lista figuran la vicepresidenta María Jesús Montero, ministros como Félix Bolaños o Pilar Alegría, y el propio Pedro Sánchez.

En otro orden de cosas, en la acusación popular, trasladan las citadas fuentes jurídicas a este diario no esperan que la declaración de García Ortiz, en la que tiene derecho a mentir, vaya a alejarle del banquillo en el que, en cambio, dan por seguro que acabará sentado.