Una jueza abre diligencias contra el expresidente de la Audiencia Nacional por adelantar al Gobierno la absolución de Trapero

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el expresidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro por un delito de revelación de secretos por funcionario, tal y como ha podido saber en primicia LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

La jueza Rosario Espinosa observa ya "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" en que Navarro informase al entonces ministro socialista José Luis Ábalos de que el mayor de los Mossos d' Esquadra Josep Lluís Trapero iba a ser absuelto por el 1-O, tal y como reveló "El Mundo".

Concretamente, el entonces titular de la cartera de Transportes trasladó por WhatsApp al presidente del Gobierno, el 15 de agosto de 2020, que en la segunda quincena de septiembre se notificaría la sentencia en que Trapero quedaría absuelto. "Mientras tanto no puede ser público", decía el presidente del tribunal en el mensaje que reenvió Ábalos al propio Pedro Sánchez y que fue publicado por el citado medio.

Ahora, la magistrada tramita la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra el antiguo máximo responsable de la AN. Pero, dado que considera que aún no están determinadas "la naturaleza y circunstancias" de la supuesta revelación de secretos denunciada, ni "las personas que han intervenido", incoa las citadas diligencias. De momento, da traslado al Ministerio Fiscal para que aclare su posición sobre los hechos denunciados.

Otro juez no vio delito

Se da la circunstancia de que otro juez de Plaza de Castilla rechazó la querella de Hazte Oír contra Navarro por revelar la absolución de Trapero al Ejecutivo al estimar que no constituyó un delito.

Fue el magistrado Marcelino Sexmero, del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el que desestimó investigar al que fuera presidente de la AN, dado que entendió que no conoció "por razón de su cargo" el fallo que libró al mando de los Mosso de ser condenado por sedición.

Y, como no formaba parte "del tribunal sentenciador", Navarro solo pudo saber el sentido de la sentencia "porque se le ha filtrado", lo que -según indicó este juez- imposibilita que haya delito. La razón que ofreció, en este sentido, es que la legislación exige para que exista una violación de secretos que su autor tenga "conocimiento del secreto o de la información por razón de su oficio o cargo".

Pero no solo eso. Señala también que desde el Gobierno no se hizo público el contenido de la sentencia que conocieron con anterioridad, y que, en todo caso, estos hechos estarían prescritos al haber pasado los cinco años que estipula el Código Penal como límite para poder investigar casos de revelación de secretos.