La sorpresa saltó el pasado 26 de junio. La instructora del «macrocaso» sobre las presuntas irregularidades en contratos públicos, por las que se investiga a la última alcaldesa que tuvo el PSOE en Móstoles (Comunidad de Madrid), Noelia Posse, trasladó a las partes una noticia completamente inesperada.

En una providencia, la jueza Susana González de la Varga les hizo saber que, justo al día siguiente, cesaba como titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad mostoleña. Detalló, al respecto, que se movía a otra sede judicial en virtud de una comisión de traslado.

Pero, a renglón seguido, la magistrada dejaba también por escrito que su intención, pese a la mudanza, era poder seguir controlando las diligencias de investigación pendientes de ser ejecutadas en la causa y ser ella quien diese respuesta a los escritos que aún no habían recibido contestación. Este movimiento generó incredulidad a muchos implicados en el procedimiento, según confiesan solventes fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

La jueza González apuntó que ya se estaban «tramitando diversas fórmulas» con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que ella depende, para tratar de que siguiese al frente de las tres piezas separadas que componen el caso contra la aún portavoz socialista en este consistorio madrileño.

El interés de la magistrada, como les dejó bien claro, era poder «continuar con la tramitación de este procedimiento». Las justificaciones que ofreció, en este sentido, iban encaminadas a tratar de hacer ver que su continuidad era lo idóneo para la investigación judicial en torno a si Posse cometió con la adjudicación de determinadas adjudicaciones delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Para empezar, hizo valer que ella ya tenía conocimiento de las actuaciones y, dada su «complejidad», que siguiese al frente serviría para «evitar su paralización» o el surgimiento de «excesivas dilaciones».

En aquel momento, hace más de tres meses, su deseo estaba «a la espera de resolución al respecto» y apostilló que, cuando la conociese, «daría cuenta a las partes» de qué ocurriría.

Sergio Gil del Sol, que ejerce la acusación popular en el caso, no lo dudó un segundo y puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que trataba de ejecutar esta miembro de la judicatura. Gil fue el director de Hacienda del Ayuntamiento de Móstoles hasta que la ex primera edil del PSM le cesó en 2018.

Él acabó siendo el origen de estas pesquisas contra Posse, dado que la acabó denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción.

Este hombre acudió al órgano de gobierno del Poder Judicial para reclamarle que «no se atendiese» la petición de la jueza González y que, en consecuencia, trasladase al alto tribunal madrileño su oposición a lo que pedía.

En primer lugar, Gil señalaba que el sustituto de González como nuevo titular del juzgado mostoleño se quedaría «sin actividad, ni carga laboral».

¿La razón? La hasta entonces instructora seguiría con el proceso. Y el de refuerzo que tiene designado este tribunal continuaría, por su lado, asumiendo el resto de asuntos que llegan a la instancia. Por tanto, el recién llegado, tercero en la ecuación, no tendría de qué ocuparse.

Como segunda cuestión, el denunciante alertó de que, a diferencia de en su anterior destino, la jueza González no contaría con un compañero de refuerzo y tendría que llevar, además de esta «macrocausa», el resto de casos que le fuesen llegando. Generándose, con ello, las «demoras y sobrecargas» que ella misma pedía evitar.

Gil aprovechó, de igual forma, para recordar al CGPJ que «los procedimientos judiciales se reparten y pertenecen a los juzgados, y no a los jueces».

Al final de su queja, dejaba constancia de otro extremo importante. Hablamos de una «causa de corrupción» que «afecta a cargos políticos que, en algunos casos, siguen ejerciendo cargos públicos». Como es el de la propia Posse.

Recordó, asimismo, que la jueza González llegó a dictar el archivo de dos de las tres piezas sobre licitaciones públicas y la Audiencia Provincial de Madrid tuvo que anular el sobreseimiento e insistir en que se debía investigar.

«El deseo de seguir llevando el proceso contra viento y marea, y con todas estas circunstancias en contra, esparce una sombra de sospecha que no debería, si se quiere un sistema judicial imparcial», llegó a advertir.

Ahora, LA RAZÓN ha podido confirmar en primicia que González ha desistido en su intento, tras haberle requerido el TSJM que plantease bajo qué fórmula entendía que debía seguir con el caso.

Así todo, será una nueva jueza, que está en prácticas, la que coja las riendas del número 5 de Móstoles y la que tendrá que terminar la instrucción y decidir si, por la pieza de las reformas en los colegios, manda ya al banquillo a esta dirigente «sanchista».