Juezas y Jueces para la Democracia reprocha "falta de paridad" en la cúpula del Supremo

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado la "falta de paridad" en las presidencias de las salas del Tribunal Supremo tras la designación de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para las de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, respectivamente, así como "resistencias" para que magistradas alcancen altos cargosen la carrera judicial.

Así ha reaccionado la asociación progresista de jueces este miércoles a la decisión de la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de confirmar para esos cargos a los dos magistrados apoyados por el sector conservador, una vez que se retiraron sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso.

"Constituye un paso atrás en las políticas de igualdad que debieran caracterizar el quehacer de esta institución, pues ha provocado que de nuevo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tenga una composición mayoritariamente masculina", ha señalado en una nota, recogida por Europa Press. JJpD incide en que, con esos nombramientos, de las cinco salas que compone el Tribunal Supremo "sólo hay una presidenta (Sala Social), mientras que las otras cuatro (Civil, Penal, Contencioso y Militar) las presiden hombres".

A su juicio, se trata de "una proporción inaceptable, que desconoce el art. 599.1.4ª LOPJ, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres". "El mensaje que transmite el órgano de gobierno del Poder Judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido", ha criticado.

Situación "inaceptable"

Para JJpD, esta situación es "inaceptable", más si cabe porque creían que "el actual CGPJ tenía intención de superarla" y también porque había "candidatas de incuestionable currículo, mérito y capacidad, reconocido por todas las instancias que evacuaron informe, que se han visto obligadas a renunciar ante el innegable e injustificado veto de las y los vocales conservadores".

"Las políticas de igualdad son imperativas porque, como se ha demostrado en este caso, siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia", ha subrayado.

Por último, la asociación ha dejado claro que seguirá "exigiendo que esas políticas se cumplan" y ha reclamado al CGPJ que "no abandone la búsqueda de una presencia real y efectiva de magistradas y juezas en los puestos de mayor responsabilidad judicial", porque "solo de esta manera se cumplirá con el principio de legalidad".

La importancia de los últimos nombramientos radica en que la Sala de lo Penal es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados --como José Luis Ábalos--, entre otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.