El Supremo teme que si libera a Cerdán podría mover el dinero y recurrir a testaferros

El Tribunal Supremo tiene claro que la investigación sobre el caso Koldo peligra si deja en libertad provisional a Santos Cerdán. Los magistrados decidieron este miércoles mantener la medida de prisión provisional que acordó Leopoldo Puente el 30 de junio ante el temor de que obstaculice "irremediable y gravemente" la labor de la Policía Judicial. Es más, advierte que, de hacerlo, podría mover el destino final de las comisiones e incluso ocultarlas tras testaferros.

Del mismo modo, sospecha que el que fuera secretario de Organización del PSOE podría concertarse con otros imputados para construir descargos, destruir documentos e incluso crear otros "ad hoc". Se trata de escenarios que, a juicio de la Sala, hacen necesario que permanezca en Soto del Real. No obstante, los magistrados desligan esta decisión del intento de la Guardia Civil de vigilar las visitas que recibe el exdirigente socialista en prisión.

Sobre esto defiende que son cuestiones "plenamente desvinculadas" y que el seguimiento que pidió la UCO es ajeno a la actuación del magistrado Puente. Pese a que los agentes reclamaron "máxima discreción" para no frustrar su actuación, desde el departamento que controla Ángel Luis Ortiz se informó al Tribunal Supremo de la solicitud, dando publicidad a la misma. Con todo, aunque el alto tribunal se desvincula de esta diligencia, entiende que hay motivos más que justificados para que el presunto cabecilla del caso Koldo siga en la cárcel.

Rastreo de las comisiones ocultas

De hecho, le atribuye un "papel directivo" en la presunta organización criminal ya que habría controlado el cobro de mordidas por parte de los empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública y su posterior reparto entre los implicados. El auto sostiene al respecto que "sólo él parece conocer el destino que dio al dinero", quienes pagaron estas cuantías y cómo se habrían maquillado para darle apariencia de legalidad.

Precisamente, "una parte nuclear" de la causa se orienta ahora mismo en definir a todas la entidades involucradas en los hechos y también si hay más implicados que se beneficiaron del presunto amaño de adjudicaciones del Ministerio de Transportes. El Supremo avisa que la investigación no ha desvelado "la totalidad de empresas que fueron beneficiadas" ni sus representantes, al igual que tampoco se ha esclarecido cómo ocultaban el dinero ilícitamente obtenido".

Cabe recordar que el magistrado, a petición de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción solicitó información bancaria a una veintena de entidades, entre las que se encuentran al menos dos que están ubicadas en el extranjero: Intesa Sanpaolo Spa (con sede en Turín, Italia) y el banco alemán Commerzbank Aktiengesellschaft. Se trata de bancos que guardan relación con los imputados en la causa y con las constructoras bajo sospecha. Los agentes ponen en el foco a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Obras por 537 millones para Acciona

Al respecto, el Tribunal Supremo recuerda las sospechas del juez del caso Koldo, acerca de que las comisiones repartidas superarían el millón de euros que se baraja inicialmente. Según razonan, resulta "coherente" sospechar que hubo reparto de dádivas dado que solo el importe total de las adjudicadas a Acciona Construcción por organismos del Ministerio de Transportes ascendió a 537,3 millones de euros. "Por estas adjudicaciones se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros, importe que, según la experiencia forense, el Magistrado Instructor constata como exiguo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", avisan.

De hecho, el auto alude en reiteradas ocasiones al elevado monto que habrían defraudado con estas prácticas corruptas que tendrían su origen en Navarra en 2014. Por ello, afirman que, de manera furtiva, se repartían unas cantidades "portentosas e injustificadas de dinero" y que Santos Cerdán tendría una "significada intervención" en esta asignación.

Además, recuerdan que el que fuera "número tres" del PSOE también se inmiscuyó en asuntos privados del Ministerio de Transportes, tales como el nombramiento de altos cargos. El objetivo, según sospechan, era controlar a quien ponían al frente de entes como Adif o la Dirección General de Carreteras para controlar de primera mano la adjudicación de las obras.

A todo ello se añade su íntima relación con Antxon Alonso y sus vínculos con Servinabar, así como su implicación en los pagos que desviaron a la fundación de José Luis Ábalos desde esta pequeña empresa navarra que consiguió contratos millonarios en UTE con Acciona. Por todo ello, los magistrados desestiman el recurso del exdirigente socialista y concluyen que la prisión acordada por el magistrado Puente está "racional, objetiva y detalladamente fundada".