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La Fiscalía pide 3 años de cárcel para Cifuentes por la falsificación de su máster

  • Cristina Cifuentes durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid
    Cristina Cifuentes durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid /

    Efe

Tiempo de lectura 2 min.

26 de febrero de 2019. 13:27h

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R. N..  26/2/2019

La Fiscalía Provincial de Madrid, tal y como ha informado este mediodía, solicita tres años y tres meses de prisión para la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad en documento oficial en relación con el caso abierto tras destaparse las irregularidades que rodearon la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos por parte de la ex dirigente del PP.

El Ministerio Público considera a Cifuentes como la inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.

La profesora Rosado, “autora de la falsificación”

La Fiscalía también ha informado de que señala a Cecilia Rosado, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos URJC que realizó las firmas de la supuesta acta de defensa del Trabajo, como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Del mismo modo imputa a Enrique Álvarez Conde ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que a María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión.

En el escrito de acusación, el fiscal alude a las informaciones publicadas sobre este caso y cómo, tras conocerse estas irregularidades, Cifuentes se puso en contacto con Teresa Feito, por entonces asesora de la Consejería de Educación del Gobierno regional, para que ésta “hiciera gestiones oportuna” con la URJC “con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”.

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