La Fiscalía pide una fianza civil de 28,1 millones

Poco ante de que tomara declaración a Luis Bárcenas, al juez Pablo Ruz le llegó ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que imponga una fianza de 28.144.000 euros de responsabilidad civil al ex tesorero del PP y proceda al embargo de sus bienes en caso de que no la preste en el plazo que le fije el magistrado. El escrito del Ministerio Público responde a la petición de Ruz de que se pronunciara sobre la solicitud de la acusación popular que ejerce Adade de que se impusiese a Bárcenas una fianza civil de 54,5 millones de euros, una reclamación rechazada por la defensa del ex senador. Antes de tomar una decisión, Ruz ha solicitado a Hacienda informes complementarios.

Los fiscales del caso desglosan esa cantidad «sin perjuicio de los informes pendientes»: diez millones corresponden a los presuntos fraudes cometidos en el IRPF y en el Impuesto sobre Patrimonio de 2002, 2003, 2006 (en este caso referido a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias) y 2007; once millones por el delito de blanqueo y otros 108.000 euros por el de cohecho. A este montante, añade, hay que sumarle «una tercera parte más» de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que arroja los definitivos 28,1 millones de fianza civil defendidos por la Fiscalía.

En su escrito, Anticorrupción hace hincapié en los «abrumadores indicios de la comisión de varios delitos» por parte de Bárcenas por su supuesta «intermediación junto con otras personas», entre ellas Francisco Correa, «en la consecución de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales» que vincula con sus numerosos ingresos en efectivo en cuentas suizas.

La Fiscalía sostiene que el posible fraude en el IRPF de 2000 y 2001 está aún sin cuantificar por la Agencia Tributaria. El de 2002 lo cifra en al menos 450.000 euros (Renta y Patrimonio) y el de 2003, en un mínimo de 1.370.000 euros. A estas cantidades se sumaría un presunto fraude fiscal de 850.000 euros en 2004 y otro de al menos medio millón en 2005. En 2006, se le señala como cooperador necesario de un delito fiscal de su esposa de 222.112 euros y en 2007 el fraude se cifra en

1,3 millones de euros.