La Infanta declarará porque no tiene «nada que ocultar»

La Infanta Cristina declarará finalmente como imputada ante el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», después de que sus abogados remitieran ayer un escrito al magistrado en el que le comunican la decisión de la hija del Rey de renunciar a recurrir para «comparecer voluntariamente» ante el instructor. Si, como parece probable, la Fiscalía Anticorrupción no recurre tampoco el auto de imputación –lo que dejaría en manos de la Audiencia de Palma de Mallorca la decisión final–, Doña Cristina comparecerá ante el juez sin necesidad de que la Sala revise la resolución de Castro.

Los letrados Jesús María Silva y Miquel Roca dejan claro en un comunicado que eso no supone aceptar las razones de Castro para imputar a su cliente por delito fiscal y blanqueo, una decisión que consideran «sin fundamento jurídico». De hecho, recalcan su «absoluta y firme discrepancia» con los argumentos fácticos y jurídico-penales esgrimidos por el magistrado para decidir la citación de Doña Cristina, «situación que en modo alguno debería derivarse de las diligencias instruidas hasta la fecha».

Los abogados de la Infanta, en todo caso, son conscientes de los «efectos colaterales» de un posible recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, que al margen de su resolución en un sentido o en otro, «se traduciría en una dilación del procedimiento, alargándose así la incómoda y, a su entender, injusta situación que se deriva para ella del presente procedimiento».

«Consciente de su vocación de servicio» –continúa el comunicado de sus letrados– y con la intención de «colaborar al máximo con la Administración de Justicia», Doña Cristina acudirá a su cita ante el juez Castro «convencida además de que su actuación ha sido siempre confiada, transparente y respetuosa con el Derecho», porque no tiene «nada que ocultar», subraya su defensa, ni al propio magistrado «ni ante el conjunto de la sociedad española». En este sentido, reiteran que la Infanta «en ningún momento» ha participado en ninguna actividad «que pueda ser calificada contraria a Derecho», algo que quiere aclarar «cuanto antes» al juez Castro.

El instructor del «caso Nóos» acordó el pasado martes –en contra de la opinión de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los informes de Hacienda– imputar a Doña Cristina y citarla a declarar el próximo 8 de marzo para que explique su participación en Aizoon, la empresa que comparte al 50 por ciento con Iñaki Urdangarín y que, según Castro, el duque de Palma habría utilizado, «con el conocimiento y aquiescencia de su esposa», para defraudar a hacienda.

En un escrito remitido el pasado diciembre al magistrado, oponiéndose a la imputación de la Infanta, sus abogados afirmaban que «no existe ningún indicio que justifique la necesidad de imputar» a su cliente.

Los letrados recalcan que Doña Cristina «estuvo completamente al margen de la administración de la sociedad», por lo que «en absoluto cabe inferir la existencia de indicios de una posible participación» en la presunta defraudación del IRPF atribuida a su esposo. Ella no tenía, insisten, «motivo alguno» para creer que su marido pudiera estar incurriendo «en ningún tipo de irregularidad de carácter fiscal» que le hiciera pensar en el origen ilícito de los fondos de Aizoon.

«Plena y total inocencia»

El mismo Urdangarín hizo hincapié, a través de sus abogados, en que las cantidades cargadas por su esposa a Aizoon «han sido absolutamente ridículas», al tiempo que negaba que ella haya cometido delito alguno, defendiendo su «plena y total inocencia».

El abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, recordaba en su escrito al juzgado los «elocuentes, concluyentes y taxativos» informes (cinco y una nota aclaratoria) remitidos por la Agencia Tributaria a Castro en los últimos meses, en los que los técnicos de Hacienda descartan una y otra vez que la Infanta Cristina haya cometido un delito fiscal, ni siquiera a través de Aizoon.