La mudanza táctica de Puigdemont de Berlín a Hamburgo

Sus abogados creen que los jueces encargados de decidir si vive en Hamburgo le beneficiarán.

El cambio de residencia de Berlín a Hamburgo de Carles Puigdemont va más allá de los meros motivos de seguridad esgrimidos por su abogado para justificar el repentino traslado. En el pulso que mantiene desde hace meses con el Tribunal Supremo (TS) para evitar su entrega a España para ser juzgado por rebelión y malversación, como pretende el juez Pablo Llarena, cualquier descuido puede resultar crucial. El tacticismo procesal –con la nada casual dispersión por Europa de los ex consellers y huidos de la causa contra los líderes independentistas– elevado a la máxima expresión. Un despliegue de estrategia del que también hizo gala el propio instructor al retirar de forma sorpresiva el pasado diciembre, para evitar una entrega descafeinada, las euroórdenes contra el ex presidente de la Generalitat y cuatro de sus antiguos consejeros refugiados entonces en Bélgica.

Con esos antecedentes, la mudanza de Puigdemont a Hamburgo, a 160 kilómetros de la sede del tribunal de Schleswig-Holstein que debe decidir sobre su extradición, tiene también un trasfondo de indudable trascendencia. Según fuentes próximas al líder soberanista, con esta maniobra la defensa del ex president quiere evitar que un tribunal de Berlín pueda decidir sobre la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) cursada por España.

Y todo, según esas mismas fuentes, ante el temor de que el juez Pablo Llarena –ante la negativa del tribunal de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont por rebelión y las dudas abiertas sobre una posible malversación– optase por retirar la euroorden y, aprovechando la presencia del líder del PDeCAT en la capital alemana, cursase de forma inmediata una segunda euroorden, sobre la que ya decidiría un tribunal berlinés. Una posibilidad que preocupaba sobremanera a la defensa de Puigdemont, que daba por hecho que, en ese caso, la resolución de la OEDE podía ser muy beneficiosa para los intereses españoles.

Era, como reconocen en su entorno, una mera «intuición», pero en una minuciosa planificación procesal en la que nada se deja a la improvisación, Puigdemont ha preferido evitar esa hipótesis y ponerse a cubierto en Hamburgo a la espera de que el tribunal de Schleswig-Holstein resuelva sobre su puesta a disposición de la Justicia española. Y es que el entorno del ex president sigue convencido de que la Sala terminará denegando la entrega por los delitos de rebelión y malversación y, como mucho, «la autorizará por desórdenes públicos», un delito castigado en nuestro país con penas muy inferiores: de seis meses a tres años de prisión.

Una estrategia procesal que, sin ir más lejos, reprocha a Llarena la defensa de los ex consellers Meritxell Serret y Antoni Comin en el escrito en el que impugna la decisión del juez de inadmitir a trámite la recusación planteada contra él por una supuesta falta de imparcialidad.

En esa impugnación, el letrado Gonzalo Boye alude a los «reveses judiciales que ha venido padeciendo» el instructor de la causa del «procés» en Bélgica (tras el rechazo de la segunda euroorden por un defecto formal) y le afea que «por mera estrategia procesal» haya «evitado actuar ante la jurisdicción danesa» (cuando Puigdemont se dirigía el pasado marzo a Bélgica de regreso de Helsinki, con la amenaza de una nueva euroorden pisándoles los talones, y fue detenido una vez había cruzado la frontera con Alemania), con el único objetivo, según la defensa de los ex consejeros de Puigdemont, «de evitar un nuevo revés judicial».

El abogado del ex president de Cataluña, Jaume Alonso-Cuevillas, justificó el traslado de residencia de Berlín a Hamburgo en que en la capital alemana su cliente estaba «demasiado expuesto» pues incluso había sido increpado, se quejó, en alguna ocasión.