Una ley aspira a «salvar» pueblos con ayudas a los bares y comercios

España atraviesa un grave problema de despoblación y eso ha situado a un 42% de los municipios en riesgo de desaparecer, según datos del Banco de España (3.403 de los 8.131). Ante la amenaza de una extinción masiva de pueblos, con todo lo que ello puede conllevar en pérdida de patrimonio, y ante el progresivo deterioro de los servicios de muchas zonas, los problemas de la España despoblada han ido ganando peso en la agenda política española.

En este marco, el Gobierno tiene un Ministerio dedicado al reto demográfico (la vicepresidencia que dirige Teresa Ribera) y los partidos políticos han ido reaccionando también a este problema que, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, preocupa a la gran mayoría de los españoles (el barómetro de febrero de 2019 recogía que el 88% de los españoles opinaba que es bastante grave o muy grave).

También este problema puede alterar el tablero político en el próximo ciclo electoral: las municipales de mayo pueden ser un termómetro para medir cuál es el grado de hartazgo y de influencia de la España despoblada. Tras las municipales, llegarán las generales, donde pueden concurrir plataformas de la España Vaciada, que pueden tener un importante impacto.

Y, estando la España Vaciada en la agenda política, se han ido sucediendo propuestas políticas y, algunas de ellas, han llegado al Congreso. La última es una proposición de Ley impulsada por Teruel Existe para convertir a bares y comercios en entidades de beneficio social para que puedan aprovechar «los incentivos y beneficios que las empresas de economía social tienen reconocidos». «Muchos de estos establecimientos podrían ser viables en el largo plazo», recoge la exposición de motivos de la proposición de Ley, que podría votarse en marzo.

Y, ¿por qué ayudar a bares y comercios puede salvar pueblos? Según recoge la propia proposición de ley, hay varios estudios académicos con «evaluaciones rigurosas» que señalan que «en aquellos municipios donde se cierra un bar o pequeño comercio, la despoblación avanza mucho más rápido que en aquellos municipios donde se mantiene dicho establecimiento abierto». La propuesta legislativa se remite a un estudio de las zonas rurales de Irlanda con los «pubs».

Beatriz Martín, integrante de Teruel Existe, explica el caso de su pueblo, Bueña, situado a 1.200 metros de altitud en la provincia de Teruel y con medio centenar de habitantes. Allí, la supervivencia del bar se ha convertido en el clavo ardiendo al que agarrarse para la supervivencia del municipio y el Ayuntamiento da facilidades económicas para quien se encargue: se alquila una casa a precio asequible (a menos de la mitad del precio de mercado) y se contrata como alguacil a la pareja para que tengan garantizados unos mínimos ingresos.

Actualmente, ha llegado una pareja de venezolanos que está contribuyendo a dinamizar el bar, que lleva diez años pasando de manos en manos porque nadie es capaz de resistir ante las dificultades económicas. Es un pueblo pequeño que, entre noviembre y febrero, apenas cuenta con 30 habitantes y al bar pueden ir, como mucho, diez personas al día.

En este sentido, Martín defiende la función social que tiene este tipo de bares como factor cohesionador en el pueblo por el tipo de actividades que desarrollan y lo ilustra con el caso de Bueña: además de servir comidas, también es el lugar de reunión para la gente mayor (cada semana acude una psicóloga para hacer ejercicios que mejoren la agilidad mental). Por todo ello, reivindica que los bares de pueblos pequeños deben ser entidades de la economía social. «Los bares influyen en la socialización de los vecinos del pueblo porque es el único lugar en común», señala.

La proposición de ley tiene un único punto, que es modificar el artículo 5 de la Ley de Economía Social aprobada en 2011. En concreto, se plantea introducir dentro de las entidades de la economía social a «los establecimientos de hostelería y restauración situados en pueblos de menos de 200 habitantes, y los pequeños comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes». Así, estos bares y pequeños comercios recibirían el mismo trato que cooperativas o fundaciones, que cuentan con un mejor tratamiento fiscal (entre otras cosas).