S endas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) fechadas el pasado abril instan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que proporcione información acerca del acuerdo entre Pedro Sánchez y Joe Biden para desplazar inmigrantes desde Estados Unidos, así como de los que tenga España con Alemania para reasignación de población de irregulares desde 2018, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Pero además, llama la atención al Ejecutivo para que sea más diligente en el tiempo de respuesta, en el caso de las dos peticiones.

La cartera de Elma Saiz tuvo hasta tres expedientes abiertos por este tema. Las incógnitas no despejadas fueron planteadas por un ciudadano que ha denunciado la «opacidad del Gobierno» respecto a los citados pactos con Estados Unidos y Alemania y sobre el reparto y condiciones de los subsaharianos –en su mayoría– llegados a las Islas Canarias por medio de cayucos a lo largo de 2023.

El Ministerio de Migraciones ya respondió por los dos primeros, pero la respuesta no satisfizo al interesado, que ha insistido ante la autoridad administrativa. En un principio, el departamento de Saiz explicó que con respecto a la Administración Biden no se formalizó un pacto, sino «una declaración o comunicado conjunto para continuar promoviendo y ampliando las oportunidades de migración laboral regular, sin que se haya negociado ni formalizado ningún tipo de acuerdo internacional como tal». El reclamante insistió al pedir los «firmantes y fechas de la declaración o comunicado conjunto»; los «recursos públicos que se destinarán» y la «información trasladada por el gobierno a comunidades autónomas y municipios sobre dicho acuerdo», que considera «tendente a aumentar en los próximos tres años el número de personas procedentes de América Latina a través de vías que respondan a las necesidades del mercado de trabajo, reforzando las capacidades operativas existentes o para llevar a cabo el programa nacional de reasentamiento».

Para el interesado, «es sin duda un serio varapalo porque evidencia la opacidad del Gobierno en aspectos migratorios en relación a los acuerdos internacionales en esta materia, creando una controversia importante al respecto de explicar a la opinión pública por qué tiene que desplazarse a población migratoria a España desde América por medio de la Administración Biden, y además con la participación de Canadá».

Además, el Consejo de Transparencia recuerda al ministerio de Elma Saiz que la «observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG», al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta».

El CTBG apunta que «procede estimar la reclamación a fin de que se complete la información no proporcionada, en caso de que se disponga de ella, debiendo hacer constar esta circunstancia en caso contrario».

Los aspectos que tendrán que ser «aclarados, el coste de los desplazamientos y su reparto territorial, son sin duda los que generarán mayor controversia, pues estas medidas suponen una carga financiera para el Estado pero también disputas territoriales en su reparto, donde las tensiones ya han aflorado en el pasado», apunta el peticionario.

En cuanto a la resolución sobre el acuerdo con Alemania, el Consejo de Transparencia hace de nuevo hincapié en la necesidad de una pronta contestación y que la «falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública». Apremia así al envío de los datos requeridos y admite la opción de «interponer recurso, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional».

Respecto al contenido de esta información, el Ministerio de Interior desveló también a través de Transparencia que España ha aceptado durante el mandato de Pedro Sánchez la deportación desde Alemania de 7.573 irregulares, de los cuales se hizo efectivo el traslado a nuestro país de 1.730. No hubo sin embargo respuesta acerca del reparto y condiciones de los subsaharianos que llegaron a las costas de Canarias por medio de cayucos a lo largo del año pasado. Un destino colapsado por los irregulares de forma reiterada.