Un mando de los Mossos justifica la no detención de Puigdemont en la maniobra de distracción de la comitiva de Junts

El responsable de la comisaría de Información de los Mossos d´Esquadra, el intendente Carles Hernández, ha asegurado en los juzgados -según fuentes jurídicas- en relación a la fuga de Puigdemont en agosto de 2024 tras su visita fugaz a Barcelona que su detención no fue posible por la maniobra de distracción de los políticos de Junts tras el mitin, cuando se dirigieron hacia el Parlament haciendo creer a los agentes que el expresident caminaban con ellos.

En su comparecencia como testigo ante la magistrada María Antonia Coscollola -que a raíz de una denuncia de Hazte Oír investiga por la posible comisión de un delito de encubrimiento a los mossos Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea-, el mando policial ha defendido según esas mismas fuentes que la intención de los Mossos era detener al líder independentista. No obstante, ha alabado la estrategia que puso en marcha Puigdemont para eludir su arresto, que según ha dicho estaba "muy bien pensada".

Las fuentes consultadas añaden que Hernández, autor del informe que enviaron los Mossos al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena detallando el operativo para detener al expresident, ha explicado que hubo dos factores que impidieron su arresto.

Riesgo de desórdenes públicos

Por un lado, la gran cantidad de personas que acompañaron a Puigdemont desde la calle Sant Pere a Trafalgar para intervenir en el mitin independentista convocado en el Arco del Triunfo coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament. En esas condiciones, ha explicado, detener a Puigdemont hubiera sido contrario al principio de proporcionalidad que rige su actuación y hubiera supuesto un riesgo de desórdenes públicos. Y por otro, la maniobra de engaño de la comitiva de Junts, que encapsuló a Puigdemont haciendo creer que les acompañaba camino de la Cámara catalana, cuando lo cierto era que se subió a un coche que le esperaba en el paseo Lluís Companys y emprendió la huida.

Y en cuanto a las razones por las que únicamente identificaron a los tres mossos que supuestamente le habrían auxiliado en su fuga, y no a los integrantes de la comitiva de políticos que, según sus propias palabras, participaron de la estrategia de Puigdemont para garantizar su huida, Hernández ha afirmado que el delito de omisión del deber de perseguir delitos "solo lo pueden cometer funcionarios".

El mando de los Mossos ha asegurado que su intención era detener al expresident, aunque ha negado que el plan para hacerlo se plasmase en un protocolo por escrito. Eso sí, ha contado que incluso se habían puesto en contacto con la juez de guardia para establecer las condiciones en las que le conducirían a los juzgados una vez arrestado.

Consulta con servicios de Inteligencia internacionales

Preguntado por el motivo por el cual los Mossos no tenían previsto que el líder independentista ni siquiera intentase acceder al Parlament, el responsable de Información de la Policía Catalana ha mantenido, según las fuentes consultadas, que se pusieron en contacto con servicios de Inteligencia de varios países, incluidos los franceses, que coincidían en que la intención de Puigdemont era entrar en la Cámara para asistir a la sesión de investidura.

Junto al comisario de los Mossos también han comparecido –a instancias de la acusación popular– dos agentes que examinaron las grabaciones de las cámaras situadas en los aledaños del Arco del Triunfo, donde Puigdemont asistió al acto independentista antes de fugarse de nuevo. Una espantada que, según dijo a la instructora el exjefe de los Mossos Eduard Sallent les pilló por sorpresa porque no se había previsto ese escenario.

Sus testimonios, afirman fuentes jurídicas, no han resultado relevantes en la medida en que llevaron a cabo un análisis "meramente descriptivo" de las imágenes grabadas, por ejemplo, en el aparcamiento en el que fue estacionado el vehículo en el que Puigdemont emprendió la fuga después del mitin.

Tras estas comparecencias pendientes, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona debe tomar una decisión que marcará el rumbo de más de un año de investigación judicial: procesar a los agentes imputados o archivar una causa que según ha apuntado en sus últimas resoluciones se encuentra "prácticamente concluida".