El Gobierno ha puesto en manos de la Fiscalía las acciones de la Plataforma 2025, el grupo creado para contraprogramar los actos impulsados por Moncloa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco.

Idéntico paso se ha dado respecto al diputado de Vox en el Parlamento balear Sergio Rodríguez, que inició su intervención el 1 de abril evocando el "día de la Victoria", fecha del último parte de la Guerra Civil.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en X que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática -a cargo de Dolores Delgado- el manifiesto que cuenta con las firmas del exteniente coronel y golpista Antonio Tejero; el presidente del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y varios jueces y militares retirados, en el que se mostraban como “españoles agradecidos con Franco”.

Torres reclama que se investigue si los autores cometen un delito de odio o “cualquier otra tipología penal”, ya que comportan, “descrédito, desprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”, apelando a la Ley de Memoria Democrática.

Además, el artículo 38 de esta norma apunta que este tipo de actos se considerarán “contrarios a la memoria democrática” e interpela a “las autoridades competentes” a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal “si se advirtiera que pueden ser constitutivos de delito”.

El pasado lunes, Esquerra Republicana de Catalunya registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno para insistirle en que actúe contra "una nueva exaltación de Franco y la impunidad franquista", apuntando a la “impunidad” ante el manifiesto de Plataforma 2025.

Para los republicanos, existe una cierta "inacción" del Ejecutivo "frente a la apología del franquismo" y exige "respuestas concretas sobre las medidas para disolver la Fundación Francisco Franco y prevenir actos similares en el futuro".

Desde Plataforma 2025 señalan que “es evidente que se busca ejemplarizar con nosotros, ya que con la Fundación Franco lo tienen más difícil”, en referencia al proceso puesto en marcha por el Gobierno para disolver la entidad, bien a través del Protectorado de Fundaciones o por medio de una enmienda recién aprobada en la Ley Orgánica del derecho de asociación. Un camino que se aventura complicado y cuyo desenlace estará en manos de un juez.

"No nos van a amedrentar", apuntan fuentes del grupo, que no dudaba que fuera a darse un paso semejante: "Contábamos con ello al iniciar la Plataforma 2025", concluyen.