El Congreso de los Diputados ha celebrado este martes la primera sesión de la comisión de investigación de la dana que azotó la Comunidad Valenciana hace más de un año. Los trabajos han arrancado con los testimonios de las asociaciones de las víctimas y sólo un día después de que Carlos Mazón haya anunciado su intención de dimitir.

Aunque ya se han producido algunos enfrentamientos entre los políticos que participan en la comisión, el ambiente ha estado especialmente comedido, poco habitual en este tipo de sesiones, por respeto a las víctimas presentes. Sin embargo, los discursos de unos y de otros ya han permitido dilucidar cuáles serán algunas de las líneas que se mantendrán.

Por un lado, que ni las víctimas ni los socios parlamentarios del Gobierno parecen darse por satisfechos con la dimisión de Mazón. Apuntan, algunos con más vehemencia y otros con menos, a que hubo "varios responsables" de las 229 víctimas y miran, eso sí, al Gobierno autonómico de la comunidad, incluso al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Rosa Álvarez, de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha asegurado que, tras la dimisión de Mazón, el siguiente paso "es la cárcel". Y ha advertido de que "cada día estamos más cerca". Pero también ha considerado responsables de la tragedia a Susana Camarero, vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y a José Antonio Rovira, consejero de Educación.

A Camarero, que podría ser la sucesora de facto de Mazón hasta que haya un nuevo candidato, la ha responsabilizado de no haber hecho lo suficiente para salvar la vida de los ancianos en las residencias y a Rovira por no cancelar las clases, lo que denuncia que provocó muertes "en unas carreteras llenas de padres y de niños y de trabajadores de los centros educativos".

No ha sido la única. Carmina Gil, otra víctima, también ha señalado como responsable a Mazón, pero ha hecho extensible la acusación "a todo su Consell con responsabilidades directas en Emergencias, Sanidad, Servicios Sociales y Educación". Y ha querido ir más lejos: "Tras un año, esto ya no nos basta. Señalamos a su partido a nivel nacional por mantenerlo en su cargo, por sostenerlo, por darle palmaditas, felicitaciones y grandes y largos aplausos". Ha arremetido también contra Vox, "sus socios de Gobierno, que por interés electoral lo mantienen, lo apoyan y lo manejan a su antojo". Para ella, "todos son cómplices de esta catástrofe".

Que gran parte de la responsabilidad se le iba a atribuir a Mazón no es ninguna sorpresa. Se trata de una comisión de investigación impulsada por los partidos de izquierda que sostienen a Pedro Sánchez. La novedad en esta ocasión es que, cobrada la cabeza de Mazón, no les parece suficiente.

Prácticamente ningún socio ha hablado de las posibles responsabilidades que haya podido tener el Gobierno de España en la catástrofe. El único que ha apuntado en esa dirección de manera nítida ha sido el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro. "La reacción del Gobierno autonómico fue errónea, tardía e incompetente, y por eso es responsable. Pero también es responsable el Gobierno de España, que abandonó a los valencianos a su suerte por un cálculo político", ha dicho. Aunque ha preguntado a las víctimas por las responsabilidades del Ejecutivo central, estas no han querido responder.

El portavoz del PP, César Sánchez, en cambio, ha optado por mantener un tono discreto y neutro. No ha llegado a defender a Mazón, ni ha criticado demasiado al Ejecutivo central. Sí ha censurado la falta de medios y de infraestructuras, competencia del Estado, pero ha apostado por dilucidar "el deber moral de todas las administraciones, sin excepción".