La revelación de mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, más allá de dejar a la intemperie la estrecha relación entre ambos incluso después de su cese, y la animadversión del líder del PSOE hacia sus «barones» más contestatarios, no tiene relevancia penal para la investigación judicial al exministro de Transportes, coinciden fuentes jurídicas. Pero más allá de esa apreciación, por otro lado evidente, los mensajes difundidos por El Mundo sí pueden marcar el rumbo de la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en la medida en que terminen incorporándose al procedimiento.

Y es que al tratarse de hechos ajenos al objeto del procedimiento –los supuestos amaños de adjudicaciones en beneficio de la «trama Koldo» a cambio de dádivas y pagos en metálico– si esos datos –incluidos en dos pendrives intervenidos a Koldo García, exasesor de Ábalos, durante el registro de su domicilio en febrero del pasado año– se suman a las diligencias de instrucción y, por tanto, se da traslado de los mismos a las partes personadas en la causa, el riesgo de nulidad del procedimiento asoma en el horizonte.

Para eso habrá que esperar al informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregará al juez Puente sobre el análisis de toda la información incautada a Koldo García. Un dictamen que debería estar cribado de datos íntimos o ajenos al objeto de la causa. Extremo este respecto al que los jueces suelen ser especialmente cautelosos para evitar así pisar la línea roja de la nulidad.

Baste recordar que en una investigación igualmente mediática como la que sentará en el banquillo al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos por asociación ilícita, blanqueo y fraude fiscal, entre otros delitos, la instrucción se demoró más de dos años y medio para limpiar el sumario de datos privados de la familia Pujol, que recurrentemente se quejó de que las diligencias seguían incluyendo información íntima de los imputados que debía ser purgada y apartada del sumario, como así sucedió.

No en balde, la defensa de Ábalos –que ya se ha revuelto en varias ocasiones contra la incautación de esos datos que considera ajenos al procedimiento– esgrimirá su derecho a la intimidad para intentar tumbar la instrucción por vulneración de derechos fundamentales.

Pero para que eso sea así, esa información debe formar parte de la causa –algo que, por ahora, no se ha producido y que parece complicado que un magistrado del Tribunal Supremo permita que así suceda, comprometiendo el rumbo de la investigación–. Hasta el momento, la filtración de esos mensajes –de la que se desvinculan tanto la UCO como el propio Ábalos o el entorno de Koldo García– darán como mucho pie a una investigación por revelación de secretos, habitualmente condenada al archivo en casos similares (así ha sucedido, por ejemplo, en investigaciones judiciales como la de los atentados del 11M o la que sentó en el banquillo a la Infanta Cristina por el «caso Nóos», por el que resultaría absuelta por la Audiencia Provincial de Palma).

Las fuentes consultadas apuntan que, si la información ha sido difundida por el entorno de Ábalos, se trataría de una reacción al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya puesto también el foco sobre su hijo Víctor –el juez ha encargado un informe sobre su patrimonio a la Guardia Civil en busca del rastro de posibles pagos de la «trama Koldo» al exministro–. Se trataría, en ese caso, de un aviso a navegantes para intentar proteger a su familia de la investigación judicial.

Revelación de secretos

Algo similar a lo que sucedió en su día, sin ir más lejos, con el extesorero del PP Luis Bárcenas y sus papeles sobre la «caja B» del PP, una sucesión de revelaciones sobre su antiguo partido que se redobló en el momento en el que su esposa, Rosalía Iglesias, resultó también imputada (resultaría finalmente condenada) por el mediático «caso Gürtel».

El artículo 197 del Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cuatro años a quien «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales». Además, prevé penas de dos a cinco años de cárcel «si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos».

Por este mismo delito está siendo investigado en el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuenta de la difusión de datos reservados del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador (específicamente un correo del mes de febrero del pasado año en el que su abogado admitió el fraude fiscal que se le imputa para llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía).