Visita a España

La misión europea sobre Pegasus denuncia las trabas de los tribunales para esclarecer el espionaje

La misión ve "plausible" que Marruecos estuviera detrás del virus que infectó el móvil del presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior

Pere Aragonès cierra en soledad su gira latinoamericana
Pere Aragonès cierra en soledad su gira latinoamericanaEp

Tras dos días de visita en España, los miembros de la misión europea que venían a investigar lo ocurrido con el espionaje a través de 'Pegasus' han denunciado las trabas que los tribunales y el propio Gobierno están poniendo para esclarecer lo sucedido. "Las víctimas se encuentran atascadas en el sistema", han señalado tras reunirse, entre otros, con el president catalán Pere Aragonès. Además, han revelado que ven "plausible" que tras el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior y la de Defensa con este spyware haya estado Marruecos en 2021.

"¿Qué pasó? Estamos teniendo dificultades para establecerlo porque hay pocas, si no ninguna, información oficial", ha denunciado la eurodiputada Sophia In't Veld que será la encargada de redactar un informe en el que pedirán que intervenga la Europool. En una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, la comisión europea que se ha desplazado ha avanzado este martes sus conclusiones.

Han recorrido países como Polonia, Chipre y Hungría y los puntos que van a dejar negro sobre blanco en el informe se basan en que las víctimas necesitan un apoyo mayor y en que 'Pegaus' solo debería utilizarse para casos de extrema necesidad como el terrorismo. "Las ideas por muy loca que a uno le parezca nunca pueden ser objeto de Seguridad Nacional", ha resaltado In't Veld. Por ello, van a solicitar que se estreche la definición de este concepto de seguridad. "Estos programas plantean una amenaza para la democracia. Si los políticos o periodistas pueden ser objeto de ataques con programas espías, se les puede investigar, coaccionar, hacerle seguimiento... todo ello es un ataque a la democracia y creo que es muy importante que en Europa regulemos esto", ha señalado.

La Audiencia Nacional mantiene una investigación para averiguar quién estuvo detrás del 'spyware' que se introdujo en el móvil de Sánchez y otros dos ministros en el verano de 2021 cuando España vivió una de las mayores crisis migratorias de la historia en su frontera entre Melilla y Marruecos.

Para los miembros de la comisión, detrás pudo estar el país alauí. "Los interlocutores con los que nos hemos reunido en nuestra misión ayer, incluso se han negado a hacer comentarios al respecto sobre posible participación o las conexiones con Marruecos por miedo a represalias. Y creo que eso para mí lo hace plausible precisamente", ha defendido el eurodiputado y presidente de la comisión Jeroen Lenaars, aclarando que no tienen pruebas claras sobre ello.

Poner trabas a la investigación

Pero para poder avanzar en la legislación, hay que esclarecer lo sucedido y eso, dicen, no está ocurriendo.

"Estamos en una especie de círculo vicioso en el que se obtuvo la información a través de Citizen Lab (que fue el que destapó todos los terminales infectados con 'Pegasus'), pero para llegar a los tribunales tienes que demostrar que fuiste objetivo de esos ataques y la única persona a la que puedes recurrir es al Gobierno que te espió", ha declarado la eurodiputada In't Veld.

Más allá de la Audiencia Nacional, varios juzgados entre Cataluña y Madrid mantienen abiertas causas que están "atascadas" para buscar responsables detrás del virus en los teléfonos de políticos independentistas. "En España vemos que la neutralidad de Citizen Lab se cuestiona mucho. Creo que todas las acusaciones de parcialidad se han refutado debidamente", ha sentenciado la comisión.

Dudas sobre el cese del CNI

En sus reuniones, por ejemplo, con el secretario de Estado de Asuntos Europeos le han explicado que el Gobierno pretende hacer una revisión de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y les detallaron cómo funciona el CNI.

En este sentido, la misión ha mostrado sus dudas sobre por qué solo existen 18 autorizaciones judiciales para que el Centro de Inteligencia interviniera los teléfonos de políticos y personas relacionadas con el independentismo si en el informe de Citizen Lab había 65 móviles. "Hay 47 casos para los que no hay ninguna responsabilidad, personas que han sido objetivo y no sabemos quiénes están detrás de esos ataques y, por tanto, esas personas no tienen derecho a recurso legal alguno".

Incluso, los casos en los que había autorizaciones plantean preguntas. "Con esta tecnología se da acceso a muchas más cosas que entrar en tu propio domicilio porque también actúa de forma retroactiva", han expresado. Igualmente, no entienden que si los espionajes se hicieron correctos como, en todo momento mantuvo el Gobierno, se terminara cesando a la exdirectora del CNI Paz Esteban.