A debate

La misión europea urge a cambiar el «solo sí es sí»

Las rebajas de penas a agresores sexuales durarán años. El Poder Judicial explica a la delegación de la UE las consecuencias de la ley

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras Irene Montero (Unidas Podemos) e Ione Belarra durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras Irene Montero (Unidas Podemos) e Ione Belarra durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.Alberto R RoldánLa Razón

«Espero que las posibles lagunas [en la ley del «solo sí es sí»] que se hayan podido generar puedan solucionarse aquí en España cuanto antes», expresó ayer la eurodiputada polaca Elzibeita Lukaciejewska. Ella presidía una misión europea de Igualdad que ha estado tres días analizando las políticas de Igualdad de España –a la vanguardia de los Estados miembros– para redactar algunas directivas europeas en materia de género que están en marcha. Pero lo cierto es que el viaje ha quedado eclipsado por la polémica sobre las rebajas de penas a violadores y agresores.

Esta comitiva de diputadas del Parlamento Europeo se ha reunido tanto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, como con la de Justicia, Pilar Llop, así como con distintas asociaciones, jueces, fiscales y autores del impulso feminista de normas y leyes que llevan desarrollándose años en España. De sus encuentros, constataron el choque evidente entre Llop y Montero sobre cómo reformar la ley, según expusieron en rueda de prensa en la sede europea en Madrid. «Al escuchar a las dos ministras me dio la sensación de que sí que tenían diferente puntos de vista sobre este asunto», señaló la presidenta. «Pero el objetivo es el mismo», remachó.

Durante su encuentro, la ministra de Podemos no quiso dar datos sobre las rebajas a agresores sexuales porque, dijo, recelaba de lo que estaba saliendo ya que no había un dato oficial. Sin embargo, la presidenta del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, les dio ayer unas cifras estimatorias: son más de 500 violadores y pederastas beneficiados y 54 excarcelados.

A este encuentro con el Poder Judicial asistió el magistrado del Supremo Vicente Magro, quien transmitió la dificultad de solucionar la normativa una vez había entrado en vigor. Las fuentes presentes en la reunión señalan que los jueces advirtieron que quedan unos cinco años de rebajas de penas a agresores sexuales, entre recursos y decisiones hasta que todo llegue al Alto Tribunal. La polaca Lukaciejewska trató de ser cauta en sus expresiones y resaltó que el papel de la misión «no es solucionar o resolver o ejercer presión en relación a la ley» pero quiso mostrar su «esperanza» para que España logre una rápida solución. Algo más explícitas fueron las eurodiputadas españolas que formaban parte de esta delegación. Del PPE, Rosa Estarás, fue muy clara: «Los jueces nos han dicho que el daño a España es irreversible, que España era un referente. Urge cambiar el Código Penal porque el mensaje que se envía a las víctimas es que el delito no es tan grave como realmente es».

En la reunión con el órgano de los jueces, según fuentes presentes en la misma explican que los magistrados se defendieron de las críticas que les ha llegado del Ministerio de Igualdad. «No es sesgo, es aplicar el derecho», dijeron a las eurodiputadas de la misión. Y es que desde el ministerio de Irene Montero se ha llegado a acusar a los jueces de «machistas» y «fachas» por aplicar la Ley en vigor. Según advirtieron en el CGPJ «la situación» generada «no tiene solución y desmontaron el argumento del consentimiento como línea roja que pone Igualdad para reformar la ley porque, dicen en el CGPJ según estas fuentes, «el consentimiento es innegociable y ya estaba presente en nuestro Código Penal».

A pesar de que el «solo sí es sí» ha impregnado la visita, lo cierto es que la misión vino a otro asunto: «La misión llega en un momento de alarma social y ha tenido mayor importancia la ley de lo que pudiera haber tenido en otro momento. Es una pena que se haya instrumentalizado políticamente para atacar al Gobierno», protestó la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez.

Las políticas con responsabilidad en Igualdad en Europa venían como el objetivo analizar las normas españolas (con una ley de violencia de género desde 2004) y tenían previsto un segundo viaje a Suecia. En este contexto, la misión también ha hablado con la exvicepresidenta Carmen Calvo o con la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Teresa Peramato. Otro de los ejes de sus conversaciones ha sido la ley Trans. Las eurodiputadas visitaron un centro de mujeres víctimas de violencia de género y allí transmitieron sus temores: «Nos señalaban que esa Ley podría dar lugar a esas consecuencias negativas porque quien es hoy un hombre y ejerce violencia de género puede ir al registro, cambiar de género y no hace falta que se opere», expresó la presidenta polaca. Si bien la ley esto lo prohíbe, lo cierto es que la ministra Llop reconoció que no tenían un estudio sobre las consecuencias que podrían derivarse de la aplicación de la normativa.

La cita se saldó con la unanimidad, finalmente de que debe reformarse la ley. Según fuentes de la reunión, hasta la eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez Pallop, lo admitió. Aunque, según estas fuentes, evitó acudir a la reunión con los jueces, donde estos se defendieron de los ataques de Igualdad.