Moncloa se aferra a la precariedad de los Mossos para no delegar las competencias que pide Junts

Gobierno y Junts siguen negociando el traspaso de las competencias en inmigración como una de las palancas del diálogo que mantienen entre ambos para desbloquear otras carpetas abiertas. Aunque se están produciendo avances, el acuerdo no acaba de concretarse porque la reclamación de los de Carles Puigdemont excede los límites constitucionales, esto es, piden una transferencia íntegra de una cuestión que es exclusivamente estatal. Los negociadores del Gobierno tratan de buscar, a marchas forzadas, un equilibrio que permita satisfacer, en parte, sus exigencias.

Para ello, más allá de lo puramente constitucional, en el Gobierno se aferran a cuestiones más prosaicas, como la precariedad de condiciones del cuerpo de los Mossos d'Escuadra, que son quienes deberían pasar a desempeñar las funciones que reclaman los juntaires. En concreto, en Moncloa ponen de relieve la falta de formación específica sobre seguridad en la frontera y la falta de efectivos, para constatar que la implementación de este acuerdo no se realizará de la noche a la mañana, sino que podría entrar en vigor el próximo año.

Las fuentes consultadas señalan que el acuerdo no es tampoco inminente, aunque está "más cerca", porque todavía falta por resolver algunos "flecos jurídicos" que requieren mantener abierto el diálogo y la negociación. Tal como publicó este diario, Sánchez ha creado una suerte de "comité de crisis", integrado por media docena de ministerios, para tratar de alumbrar una visión colegiada a la búsqueda de "soluciones imaginativas" a las exigencias inconstitucionales que sus socios ponen sobre la mesa. En Moncloa ofrecen una "custodia compartida" de las fronteras entre los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, de manera que el cuerpo catalán pueda acompañar a los estatales en las nuevas labores que quiere asumir.

Además, la Policía autonómica tendrá que ser formada para el control de entrada y salida de extranjeros en fronteras, puertos y aeropuertos, así como en la investigación de las redes de inmigración ilegal; el régimen sobre extranjería, asilo e inmigración; y la capacidad de conceder el número de identificación de los extranjeros que residen en España (NIE), equivalente al Documento Nacional de Identidad (DNI). Una formación que el cuerpo autonómico no tiene en la actualidad y que se suscribe en exclusiva en Cataluña a la Policía Nacional. De este modo, los agentes que hoy realizan esta labor tendrán que enseñar a los Mossos todo lo que saben en esta materia para que el trabajo sea compartido, si finalmente se acuerda el modelo de colaboración en el que la última palabra la tendría el Ministerio del Interior. Así, desde el sindicato Jupol aseguran a Servimedia que cuando los Mossos detienen a un extranjero y se abre una investigación penal, siempre tienen que pasar por una comisaría de la Policía para comprobar si la persona está en situación regular o irregular y si tiene abierto algún trámite de expulsión.

Aunque la prioridad del Gobierno es garantizar el encaje constitucional de cualquier acuerdo en materia migratoria con Junts, desde los sindicatos policiales miran con desconfianza las negociaciones, con la suspicacia de que acaben mermando sus competencias, en favor de los Mossos. Comenzarán por tener acceso a los datos del Registro de Extranjeros, para luego ir metiendo cabeza y a partir de ahí, más y más", señala Iván Álvarez, de Jupol. Desde los sindicatos policiales denuncian que actualmente en Cataluña "no se está renovando a la plantilla" que realiza labores de Extranjería y desvelan que existe una "trampa" por la que muchos de estos policías se integran en esta plantilla, pero "están en comisión de servicio o de baja", por lo que al final las unidades se suelen completar con agentes que se encuentran en prácticas.

A la falta de formación se une la falta de recursos humanos. El Gobierno se ha aferrado a esta cuestión para dilatar hasta el próximo mes de septiembre la puesta en marcha de uno de los acuerdos a los que ya se ha llegado y que supone el despliegue de los Mossos en puertos y aeropuertos. Actualmente, la policía catalana tiene una plantilla de poco más de 19.000 agentes, según fuentes del Ministerio del Interior, y lo que ambas partes rechazan es que se desplace a Mossos que trabajan actualmente en labores de seguridad ciudadana en Cataluña para cumplir este nuevo cometido.

En la última Junta de Seguridad convocada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el pasado diciembre, el Govern pactó con el Ministerio del Interior un aumento de la plantilla de los Mossos de un 20%, lo que supone llegar a los 22.000 agentes y hasta los 25.000 efectivos en el año 2030. Se trata de 3.000 efectivos más que los que se pactaron en la anterior reunión celebrada tres años atrás, una medida que mantiene la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Nuria Parlón, pero con la diferencia de que ahora se compromete a tener listos estos efectivos en septiembre.