Nueve detenidos por apropiarse de seis millones en las obras del AVE a Barcelona

Certificaciones manipuladas para cobrar cantidades superiores por las obras que realmente se habían realizado parecen estar en el origen de la investigación que, promovida por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, ha realizado la Guardia Civil en los últimos meses con el fin de esclarecer irregularidades detectadas en la ejecución de uno de los tramos del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, según informaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Algunos de los que habían realizado el trabajo y los que tenían la obligación de acreditar que los datos eran ciertos, se habrían puesto de acuerdo para repartirse los sobrecostes, que medios de la investigación elevan a unos seis millones de euros.

Agentes de la Benemérita detuvieron ayer, en el marco de la operación «Yogui», a nueve personas, a los que les imputan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros. Asimismo, fueron practicados once registros, seis de ellos en las diversas sedes sociales de la empresa contratista (Corsan Corviam), la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y la empresa pública Adif; así como otros cinco en los domicilios particulares de los principales implicados.

Entre los arrestados se encuentran Jaime G. G., que fue el responsable de las obras bajo sospecha; y el director de línea de alta velocidad de la Zona Noroeste, Rafael R., ingeniero de caminos, canales y puertos, que se incorporó a Adif en 2005, como gerente de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueres. En 2007 ocupó la dirección de Infraestructuras en la dirección de esta línea. Otros de los detenidos es el delegado de la empresa adjudicataria Corsan Corviam en Barcelona, Marino V.

Los registros realizados tenían como finalidad «localizar los documentos preparatorios de los artificios para falsear mediciones y disimular después el falseamiento, así como los documentos oficiales en los que se plasman. También se buscan documentos que puedan revelar posibles dádivas económicas en favor de funcionarios de Adif, diferentes a las ya detectadas», según fuentes de la Benemérita.

Operación «Yogui»

La operación «Yogui», desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña en las provincias de Madrid y Barcelona, se inició en el mes de enero tras una querella de la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona en relación con la citada obra, ejecutada entre 2008 y 2012.

La Benemérita investiga si directivos de la empresa contratista se habrían puesto de acuerdo «con cualificados funcionarios públicos de Adif bajo cuya responsabilidad se hallaba dicha obra y técnicos externos, para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados por el ente público Adif», según las citadas fuentes.

«De común acuerdo, –agregan– se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseado las ulteriores certificaciones oficiales de obra ejecutada y camuflando sus ardides en la certificación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados. Con ello habrían generado un ilícito sobreprecio en beneficio de la contratista de alrededor de seis millones de euros. La propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades. Algunos de los funcionarios de Adif implicados habrían recibido contraprestaciones económicas por su ilícita conducta, ordenadas por un directivo de la empresa».

La discreción, impuesta por el secreto del sumario decretado por la titular del juzgado de Barcelona que tramita el asunto, ha permitido que las investigaciones se hayan desarrollado sin ninguna presión mediática. En Adif, que ha colaborado desde el primer momento, al recibir los primeros requerimientos de datos y sospechar que podían existir irregularidades, se procedió al traslado a otros puestos de algunas personas, con el fin de que ya no tuvieran acceso a los documentos que eran objeto de las pesquisas. Ayer mismo fueron suspendidos de sus funciones cuatro directivos.

El trabajo de la empresa Corsan Corviam consistió en montar lo que se llama la «plataforma»; es decir, la preparación del terreno, con el movimiento de tierras y asentamientos consiguientes, para que otros adjudicatarios se ocuparan de colocar las vías, las catenarias de electricidad, las medidas de seguridad, etcétera.