Pagazartundúa considera que la pretensión de Interior de desvincular a los CDR del terrorismo es un menosprecio a la Guardia Civil

La eurodiputada española, Maite Pagazartundúa, considera que la pretensión del Gobierno español, a través del Ministerio del Interior, de desvincular del terrorismo a los comités de Defensa de la República (CDR), supone un agravio a las Fuerzas de Seguridad y a la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde algunos medios se ha relacionado esta pretensión con las exigencias del dirigente de Junts, Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

El pasado 15 de junio, LA RAZÓN informaba en primicia, del contenido del informe de Europol, referido a 2022, en el que se daba cuenta de que “en España, los movimientos independentistas catalanes y vascos son actualmente los más activos y violentos dentro de la escena separatista española”. “Sus narrativas combinan el separatismo con puntos de vista extremistas de izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios como el capitalismo. Además, han surgido varios pequeños grupos nuevos en los círculos separatistas de izquierda en España. El descontento social y las luchas económicas están siendo utilizadas por estos grupos en sus mensajes contra el Estado español, y también como una oportunidad para reclutar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. El informe se basaba en “datos cualitativos y cuantitativos facilitados por los Estados miembros sobre atentados terroristas, detenciones y resoluciones judiciales dictadas por delitos de terrorismo”.

Ahora, Interior se ha dirigido a Europol para que se maticen estas consideraciones, lo que choca con el hecho de que, el pasado mes de junio, la Audiencia Nacional instara al juez Manuel García Castellón a sentar en el banquillo por delitos de terrorismo a doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 en el marco de la "operación Judas". El Ministerio Público -que tendrá que precisar las penas que solicita para cada uno de ellos- les imputa delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes. El instructor, que acordó el procesamiento de los investigados en septiembre de 2021, sitúa a todos ellos en el tentáculo más radical de los CDR: el Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Se trataría de "un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza" totalmente "entregados a la causa" responsable de las acciones que precisaban de "la violencia en su máxima expresión" para forzar a las instituciones a "conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España". Todo a través de una estrategia "planificada y organizada" que exigía "un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución" para alcanzar el objetivo de "subvertir el orden constitucional".

Pagazartundúa, en su escrito a la directora de Europol, considera que la propuesta de Interior “supone menospreciar y poner al servicio de intereses partidistas el trabajo profesional llevado a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Recuerda que “hace ahora cuatro años la Guardia Civil detuvo a una decena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de preparar actos de sabotaje con explosivos de lugares estratégicos y de infraestructuras con el fin de conseguir la independencia de Cataluña por la vía violenta” Y, se refiere, asimismo, a las peticiones fiscales antes citadas.

Asimismo, señala que “el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC) muestra con datos objetivos incontestables la existencia de un elemento nuclear, persistente y significativo de violencia política y odio ideológico en el centro de la vida política de esta comunidad autónoma. Un fenómeno que modula a conveniencia su intensidad y naturaleza en paralelo a la evolución del contexto político en su función de herramienta al servicio de un tipo de nacionalismo identitario populista y su estrategia de presión en la negociación política o el afianzamiento de sus intereses a corto o largo plazo”.

“Los principios de imparcialidad y neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos –subraya-- se ponen en entredicho, lo que provoca un deterioro de la confianza pública, que se suma a la utilización de otros poderes del Estado para la misma operación de satisfacer a un prófugo de la justicia y una gigantesca operación de impunidad”.

“En España se están produciendo fenómenos peligrosos de esta índole, así como eliminar las advertencias recopiladas por las Fuerzas de Seguridad del Estado relativas a los grupos violentos independentistas y etno nacionalistas, no

eliminaría los riesgos, simplemente empeoraría la labor de prevención y el objetivo del trabajo de Europol”.